Tras lograr el cambio parcial de magistrados y consejeros de las altas cortes en las últimas elecciones judiciales, nuevamente comenzaron a sonar voces que exigen la necesidad de un cambio real de la administración de la justicia boliviana. Sin embargo, estas propuestas llegan en un momento altamente conflictivo por la polarización electoral.
El 15 de diciembre pasado, la población fue convocada a las urnas para elegir parcialmente a los nuevos máximos administradores de la justicia. El sufragio se logró luego de más de un año de trabas y dilaciones por parte de diferentes actores, pero con un protagonismo notorio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Los magistrados electos en 2017 tenían que dejar sus cargos luego de seis años, como ordena la Constitución Política del Estado. Sin embargo, ante la postergación de las elecciones judiciales en 2023, decidieron prorrogar su periodo de mandato hasta que existan nuevas autoridades electas.
Durante todo el 2024, el TCP de las autoridades prorrogadas emitió varias sentencias favorables a los intereses del Gobierno. Eso despertó mayores susceptibilidades respecto a la instrumentalización de esa instancia judicial para beneficiar a los gobernantes.
La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Ana María Castillo, el analista Ramiro Orias y el exministro de Justicia Carlos Goitia coinciden en que la justicia necesita una imperiosa reforma por el alto nivel de desconfianza de la población, pero ese cambio no sólo recae en la voluntad de los actuales magistrados, también debe tener el interés de la población y sus representantes.
Orias, también fundador de la Fundación Construir, sostuvo que las nuevas autoridades electas tienen la legitimidad para abrir el camino de la reconfiguración del Órgano Judicial y del TCP, principalmente en la forma de la elección de las autoridades que demandará una modificación de la Constitución.
“Creo que el país lo que requiere es una mirada más amplia de largo plazo, como tener un plan integral de reforma judicial donde estén todos los actores políticos y sociales comprometidos; en ese sentido, la necesidad de un gran acuerdo político para concertar las grandes reformas que le devuelvan la institucionalidad democrática al país, que se ha venido debilitando en estos últimos años”, dijo el analista.
Para la senadora oficialista, la justicia boliviana no se resolverá con los nuevos magistrados, mucho menos la solución está en unas elecciones judiciales.
“La problemática de la justicia no se soluciona con una elección judicial. Los actores políticos, los actores de los diferentes órganos del Estado, tendrán que analizar y sentarse para poder buscar algunas soluciones que sean adecuadas en función a lo que es el pueblo”, aseguró la legisladora.
Las elecciones judiciales llegaron accidentadas al 15 de diciembre y lo máximo que se logró es elegir parcialmente a magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia en algunos departamentos. Quedan pendientes las elecciones complementarias. Esa condición sería uno de los factores para poner en duda una reforma judicial, según Goitia.
“Hemos tenido dos selecciones que han sido un fracaso, a este se ha sumado esta tercera que ha sido también patética y, por lo tanto, no hay una señal que nos permita entender que esto va a cambiar el sistema de justicia, que los jueces se van a acercar a la gente, que los ciudadanos serán empoderados en sus derechos y que van a encontrar en la justicia un espacio de solución de conflictos o de generación de paz”, sostuvo.
El 17 de agosto de este año, los bolivianos nuevamente tendrán que acudir a las urnas para elegir al presidente y a los legisladores para un nuevo periodo de Gobierno. En este año electoral, las diferencias entre los posibles candidatos están creando un terreno altamente conflictivo y polarizante; por ello, realizar una reforma de la justicia podría ser peligrosa porque se contaminaría con las motivaciones de los actores políticos.
Sin embargo, el escenario electoral podría servirle a la población para escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales para resolver la crisis institucional de la justicia.
“Estas elecciones van a ser claves: o se vuelve a tener un Gobierno con una vocación democrática que respeta la independencia de los poderes o la otra opción será seguir con este mecanismo de dominación de los jueces e instrumentalización del sistema de justicia y olvido de los problemas de los ciudadanos de los bolivianos y las bolivianas”, advirtió el exministro.
Orias y Goitia resaltan que la reforma judicial parte por el cambio en la forma de elección de las autoridades, lo que significaría que esta sería la última generación de magistrados electos, en caso de que se proponga una reestructuración en el siguiente Gobierno.
Fuente: ANF
