Marcos Uzquiano Howard lleva 25 años dedicado a cuidar su territorio. A principios de los 2000 empezó su carrera como guardaparques, y hasta hace dos semanas era el jefe de protección de la reserva de Beni, en el noreste amazónico de Bolivia, que depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Pero su trabajo siempre ha sobrepasado su horario laboral. Uzquiano es un rostro conocido entre los ambientalistas dentro y fuera del país y odiado por los cazadores furtivos de jaguares y los cabecillas de la minería ilegal. Lo que nunca imaginó es que también incomodaría al propio equipo del Sernap quienes, pese a un historial ejemplar, el reconocimiento internacional y una valoración interna reciente del máximo puntaje, decidieron despedirlo el 31 de diciembre. El activista sospecha que tiene mucho que ver, paradójicamente, con su activismo ambiental. Él fue el octavo guardaparques despedido en 2024.
La destitución de Uzquiano generó indignación entre sectores ambientalistas, mientras que la Defensoría del Pueblo de Bolivia interpuso un amparo constitucional en su defensa. El pasado martes, consiguió una tutela a favor del guardabosques. La decisión ordena su reincorporación inmediata como jefe de protección de la Reserva Biológica Biosfera del Beni, y establece medidas de protección para garantizar su seguridad en el desempeño de sus funciones. El fallo afirmó que “los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de aquellas personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de su labor”, en línea a las directrices del Acuerdo de Escazú.
Los rifirrafes entre los funcionarios del Sernap y este reconocido guardaparques no son nuevos. De hecho, ya lo habían amenazado con despedirlo en al menos cinco ocasiones más. En 2015, fue destituido luego de haber iniciado un proceso administrativo a una empresa minera en el Parque Madidi; en 2018, los mineros cooperativistas pidieron su destitución; en 2021, las cooperativas mineras de Apolo también exigieron su relevo y, a raíz de esa presión, fue cambiado del parque Madidi a la estación Biológica del Beni. El mismo 2021, recuerda Uzquiano, el Sernap le inició un proceso administrativo sancionador por “una supuesta falta cometida dos años atrás y, en el año 2023, tras denunciar el ingreso de maquinaria ilegal al parque Madidi, junto al guardaparque Raúl Santa Cruz, Uzquiano fue procesado en la vía ordinaria. En ambos procedimientos, fue absuelto gracias a la presión social.
Pero fue su activismo en 2024, denunciando los incendios forestales en Bolivia, lo que, según dice, colmó el vaso del Sernap. El año pasado, al menos 10 millones de hectáreas fueron destruidas por los fuegos. El país se declaró en “situación de desastre” y se mantuvieron activos durante semanas más de 3.000 focos de quemas, en su mayoría provocadas para el desbroce de las tierras y la propia deforestación intencionada.
Durante los meses más críticos, la Asociación Boliviana de Guardaparques intentó elevar la voz de alarma y pedir una mayor coordinación y acción para extinguir los fuegos. Pero, según cuenta Uzquiano, sus esfuerzos fueron débiles y descoordinados. “Por eso me llamaron a mí, para que usara mi voz algo más conocida que la de ellos y lo denunciara en redes. Me decían: ‘publicá, que nadie nos tira bola”, explica por teléfono. “Ellos no tenían herramientas ni vehículos para la situación”, añade. “Pero las autoridades minimizaron la situación e ignoraron las quejas”. El Sernap no ha concedido declaraciones a este medio.
Días después de su publicación, la dirección de planificación del Sernap le llamó para informarle de que sus publicaciones habían “causado muchas molestias” en el ministerio de Medio Ambiente. “Me amenazaron entonces con destituirme”, reconoce. “Esto es un intento de ellos para acallar la voz de quienes defendemos la naturaleza. Es un ejemplo de cómo quieren castigar a los que hablen o denuncian”, añade el también presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques Agentes de Conservación (Abolac), quien no es nuevo en denunciar públicamente las irregularidades o ilegalidades de quienes comprometen la naturaleza.
La denuncia ha sido la bandera de su trabajo y activismo. Uzquiano lleva décadas señalando lo que no se hace bien y a quienes no lo hacen bien. A pesar de las amenazas y las riñas, es tajante: “No podemos dejar de estar vigilantes”. Es precisamente esa contundencia la que le ha valido varios reconocimientos como ser uno de los ganadores del Premio Internacional para Guardaparques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) en 2022. También fue parte del documental ‘Tigre Gente’, de la cineasta estadounidense Elizabeth Unger, que explora la caza furtiva del jaguar en Bolivia para la venta de sus colmillos en mercados negros en China y Birmania, y la acción de los guardaparques contra ese delito. Entrevistado por América Futura en agosto de 2022, ya era muy crítico sobre la falta de recursos: “No tenemos herramientas, ni equipos a la altura de quienes trafican. Nosotros tampoco vamos armados y meterse con la mafia del tráfico animal es muy peligroso”.
Tanto él como los demás 305 guardaparques del país han corroborado que “meterse” con la Sernap, también. Tres días después de despedirlo, el organismo le inició un proceso administrativo exponiendo una serie de “causales” principalmente referidas a publicaciones que hizo en sus redes sociales sobre incendios forestales en un área protegida, o la caza furtiva de jaguares. Este último se refiere al jaguar desmembrado que apareció a mediados de 2024 dentro de la empresa china Sinohydro, un delito aún impune. También le cuestionan por gestionar seguros de vida para los guardaparques, por dar entrevistas a medios de comunicación como representante de la Abolac, y por hacer declaraciones en representación del Sernap, entre otros.
América Futura contactó a la Sernap para tener su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta. Por su parte, el guardabosques niega y lamenta las acusaciones que le hacen. “Yo soy invitado a eventos internacionales, pero me llaman como activista, no como funcionario público. Siempre lo matizo”.
Aunque la tutela a su favor es una victoria, sabe agridulce. “Tengo miedo de que el hostigamiento crezca hacia mí y hacia mis compañeros”, cuenta. “Ya escuché que me quieren transferir a una zona donde hay mucha minería ilegal y donde ya me han amenazado anteriormente. Es increíble que te castiguen por implicarte en el trabajo del cuidado medioambiental”.
Fuente: EL PAÍS
