Gabriel Alejandro D. A., asesor jurídico del exministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer, pasó de tener un vehículo marca Suzuki Vitara, adquirido en 2022, a cuatro vehículos en 2024: dos vagonetas, una marca Runner y otra Mitsubishi, y dos motocicletas marca Honda; tres motorizados no fueron consignados en su declaración jurada de bienes y rentas.
“De lo señalado anteriormente, se colige que el denunciado omitió consignar y/o declarar los bienes muebles detallados en el cuadro que antecede, lo cual es considerado una omisión, referente al anticrético consignado y/o declarado por el denunciado en las gestiones 2022 y 2024, se debe mencionar que no se llegó a evidenciar la inscripción de este ante las oficinas de Derechos Reales”, señala una parte del formulario de denuncia al que accedió la ANF.
A raíz de una denuncia que presentó el Viceministerio de Transparencia que detectó un movimiento inusual en sus cuentas bancarias, la Fiscalía de La Paz abrió una investigación contra el exministro y su asesor jurídico por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada. El presidente Luis Arce destituyó a Lisperguer de su cargo, pero se desconoce si ocurrió lo mismo con el funcionario de confianza de la exautoridad.
El sindicado realizó dos declaraciones juradas, el primero el 5 de octubre de 2022 cuando asumió el cargo de supervisor de ventas en Santa Cruz en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) donde señaló que contaba con un vehículo marca Suzuki Vitara, modelo 2019. Además, indicó que tenía una cuenta en el Banco Unión con un saldo de Bs 20.000, un anticrético en Santa Cruz por Bs 315.000 y una deuda de Bs 35.000.
La segunda declaración jurada lo hizo el 6 de marzo de 2024 cuando ocupó el cargo de asesor del exministro Alan Lisperguer, en esa oportunidad señaló que contaba con una vagoneta Toyota Runner modelo 2019, una cuenta en el Banco Unión con un saldo de Bs 20.000, un anticrético por Bs 487.200 y una deuda de Bs 292.320 por la supuesta compra de un motorizado.
Los motorizados
Según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) verificó que el exfuncionario reconoció el derecho propietario de esos vehículos, pero no fueron consignados en su declaración jurada de bienes y rentas.
Se trata de una motocicleta marca Honda, modelo 2018; una segunda moto de la misma marca, modelo 2022; una vagoneta marca Mitsubishi Montero sport, modelo 2000. El cuarto motorizado también es una vagoneta Runner marca Toyota, modelo 2019, este último fue consignado en la segunda declaración jurada.
“Referente al Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas LPZ 1420765 con fecha de recepción 06 de marzo de 2024 por asumir el ejercicio de cargo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ejerciendo el cargo de Asesor de Despacho percibiendo un salario mensual de Bs. 20.060, se observa que consignó en cuanto a bienes en cantidad la Vagoneta Runner modelo 2019 color negro, el cual según lo consignado fue adquirido en la gestión 2024”, detalla el informe.
Sin embargo, de acuerdo con el registro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la vagoneta Toyota está inscrita a nombre de una tercera persona Marco Antonio M. C. Entre noviembre de 2023 a junio de 2024 realizó el carguío de combustible en 45 oportunidades en Santa Cruz.
Los depósitos
Por otra parte, el documento también señala que el funcionario tenía cuatro cuentas bancarias y en dos de ellas, Banco Unión y Banco Nacional de Bolivia (BNB), se registraron 44 transferencias entre el 2023 y 2024.
En la cuenta del Banco Unión se hicieron depósitos por un total de Bs 808.173, de los cuales Bs 158.655 corresponden a los sueldos consignados por el Ministerio de Medio Ambiente. Además, se identificó que 37 personas hicieron transferencias por un total de Bs 609.378 que están fuera del perfil económico del funcionario.
“Del cuadro que antecede, se identifica que el denunciado a través de depósitos y/o transferencias realizadas por terceras personas percibió a su favor la suma total de Bs. 609.378,00 (…) cabe señalar que esta suma se encuentra fuera del perfil económico del denunciado”, precisa.
En la cuenta del BNB, se verificó que en marzo y abril de 2023 se hicieron al menos siete transacciones que alcanzan a Bs 88.014 que también están fuera del perfil económico del sindicado, pero no se llegó a identificar a las personas que realizaron esos depósitos.
En conclusión, en ambas cuentas bancarias se identificaron depósitos por un total de Bs 697.392 que están fuera del perfil económico del denunciado, además no se identificó otra actividad económica lícita con el que se justifiquen esos ingresos.
“En síntesis, se identifica que el denunciado, percibió depósitos y/o transferencias realizadas por terceras personas en la suma total de Bs. 697.392 cabe señalar que se desconoce el concepto y/o motivo de estos y la vinculación de estas personas con el denunciado”, concluye el reporte.
Fuente: ANF
