La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) de Corea del Sur ha detenido este miércoles por la mañana al presidente cesado Yoon Suk-yeol, 43 días después de que sorprendiese al mundo decretando la ley marcial en el país. Es la primera vez en la historia democrática de la nación asiática que un líder en ejercicio es arrestado. “He decidido comparecer ante la OICAF, aunque se trata de una investigación ilegal, para evitar cualquier posibilidad de que se produzca un derramamiento de sangre”, ha afirmado un desafiante Yoon en una declaración grabada en vídeo, después de que más de 3.000 oficiales de policía marcharan hacia su residencia para detenerlo. “Esto no significa que apruebe la investigación”, aseveró. El de esta mañana era el segundo intento de ejecutar la orden de arresto contra el mandatario por imponer en diciembre durante unas horas la medida extrema y desatara una de las peores crisis institucionales en décadas.
La orden de detención se ejecutó a las 10.33 (las 2.33, hora peninsular española) en la residencia presidencial. Imágenes en directo transmitidas por las televisiones locales mostraron un convoy de vehículos con Yoon a bordo saliendo del complejo, ubicado en el centro de Seúl, y dirigiéndose a las oficinas de la OICAF, que se encuentran al sur de la capital. La orden había sido emitida por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, después de que el presidente cesado desoyera tres citaciones para comparecer en el interrogatorio de la OICAF. Fue prorrogada la semana pasada tras expirar; era válida hasta el 21 de enero.
La OICAF ha informado en un comunicado que el interrogatorio comenzó a las 11.00 (hora local) y que lo está presidiendo el director adjunto de la institución, Lee Jae-seung. Los representantes legales de Yoon están presentes, afirma la nota de prensa. Según ha adelantado la agencia Yonhap a primera hora de la tarde, el político se ha negado a declarar.
El interrogatorio, que cuenta con más de 200 páginas de preguntas, según Yonhap, buscará sustentar las principales acusaciones que pesan sobre Yoon por la efímera imposición del control militar del país el pasado 3 de diciembre. Se le cuestionará sobre lo ocurrido desde que se planificó el plan de proclamar la ley marcial hasta que se ejecutó. Aunque la OICAF ha estado investigando a Yoon por acciones que podrían constituir insurrección y abuso de poder, no está claro hasta dónde llegan las competencias de esta institución.
En medio de toda esta coyuntura, el Tribunal Constitucional surcoreano arrancó el martes el juicio en el que debe rechazar o convalidar el cese de Yoon como jefe del Estado aprobado en la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre. El máximo tribunal suspendió la sesión después de que el presidente no se presentase. La próxima está programada para el jueves y, si Yoon no asiste, el procedimiento continuará con su equipo legal representándolo.
Las manecillas del reloj han comenzado a correr desde el momento del arresto de Yoon: la OICAF puede retener al presidente durante un máximo de 48 horas y solicitar, dentro de ese periodo, otra orden de detención para continuar con las indagaciones durante más tiempo. En caso de que un tribunal emita dicha orden, Yoon podría ser retenido hasta 20 días y después llevado a juicio. Si no, el presidente quedará en libertad y podrá regresar a la residencia presidencial.
El equipo legal del presidente suspendido considera ilegal la orden dictada contra él, al estimar que la OICAF no es un órgano competente para investigar los cargos de los que se le acusa. La citada oficina, por el contrario, sostiene que Yoon no respondió a sus reiteradas peticiones de comparecer para ser interrogado y que tiene motivos suficientes para emitir la orden. Seok Dong-hyun, uno de los abogados de Yoon, ha afirmado en una publicación en Facebook que el líder conservador habría accedido a abandonar su domicilio y reunirse con los investigadores para “evitar un incidente grave”.
“A diferencia de lo ocurrido durante el primer intento de arresto, no hubo personal ni efectivos del servicio de seguridad presidencial que se resistieran activamente a la ejecución”, comunicó un funcionario de la OICAF a la agencia Yonhap. “Prácticamente no hubo enfrentamientos físicos hoy”, declaró. El 3 de enero, las autoridades se vieron obligadas a abortar la operación después de que el servicio de seguridad del presidente, formado por soldados y funcionarios, les impidieran adentrarse en las dependencias oficiales: cerca de 200 guardias formaron un muro humano que bloqueó la entrada, constatando el choque entre agencias y poderes del Estado.
Esta mañana, tras ser inicialmente bloqueados por la seguridad presidencial, que levantó una barricada con vehículos cerca de la entrada, funcionarios de la policía y de la OICAF lograron acceder al recinto empleando escaleras para penetrar en el complejo y cortando con cizallas la alambrada, según se aprecia en imágenes difundidas por los medios locales. También se encontraron a la entrada del complejo presidencial con un grupo de legisladores del gobernante Partido del Poder Popular y los abogados de Yoon. Algunos investigadores intentaron acceder al recinto a través de una ruta de senderismo cercana. Cuatro horas más tarde, comenzaron unas conversaciones con el entorno del presidente para coordinar su detención.
El líder parlamentario de la oposición, Park Chan-dae, ha expresado que el arresto “es el primer paso hacia la restauración del orden constitucional, la democracia y el estado de derecho”. En las calles de Seúl, algunos detractores de Yoon han estallado en vítores y aplausos tras conocer la noticia, recogen los medios locales. Cuando se ha informado de que la detención de Yoon podría producirse, han tenido lugar algunos altercados menores en las inmediaciones de la residencia entre manifestantes llorosos que se encontraban en el lugar para mostrar su apoyo al líder y la policía, según informó la agencia Reuters.
Yoon, cesado de sus funciones de forma provisional tras una votación parlamentaria el 14 de diciembre, está acusado de insurrección por tratar de imponer la ley marcial del pasado 3 de diciembre. El dirigente ha rechazado en todo momento los cargos que se han presentado en su contra y ha defendido su actuación como un “acto de gobierno”. Llevaba semanas encerrado en las dependencias oficiales, rodeadas por una multitud de simpatizantes que desafían las gélidas temperaturas. Esta mañana se calculaba que había unos 6.500 partidarios del presidente destituido.
“Esto no es una aplicación justa de la ley”, ha declarado Yun Gap-geun, uno de los abogados, que ha calificado de “ilegal” el arresto. La policía también trata de detener al subjefe del equipo de seguridad presidencial, Kim Seong-hoon, jefe en funciones del servicio, por supuestamente obstruir a los investigadores para que no detuvieran a Yoon. La policía ha circulado mensajes advirtiendo de que cualquier intento de resistirse a la ejecución de las órdenes podría llevar a la detención.
Fuente: EL PAÍS
