El detonante del caos fue el segundo gol del Atlético Nacional, que jugaba de local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en la noche del jueves. Hinchas del Junior de Barranquilla, frustrados y enfurecidos ante la inminente derrota, comenzaron a hostigar a los seguidores rivales que se encontraban cerca, muy cerca. Lograron apoderarse de una de las banderas, trapos, del equipo verdolaga, como un trofeo. La reacción fue implacable. Locales se abalanzaron sobre visitantes y las imágenes de violencia se multiplicaron. Los videos difundidos muestran a personas lanzadas desde los balcones de las tribunas, cuchilladas, patadas. Algunas víctimas quedaron con el torso desnudo, usurpados de sus camisetas del Junior. Hubo al menos 25 heridos y el árbitro suspendió el encuentro. Al día siguiente, las imágenes indignaron a Colombia, pero nadie se hizo cargo.
Un ejemplo de cómo las autoridades se tiran la pelota entre sí se pudo ver el viernes en la emisora Blu Radio. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, enfatizó que el partido era “un evento privado”, como lo son los conciertos musicales. “La autoridad la tiene el privado que ha alquilado el estadio [propiedad del Distrito] para poder llevar a cabo el partido”, remarcó. Según el funcionario, la Policía “acompaña” el juego con personal alrededor del recinto —unos 550 uniformados— porque entiende que tiene connotaciones públicas, pero no es la responsable principal. Por eso, y ante el escaso pie de fuerza, ha tomado la decisión de reducir gradualmente el número de efectivos. Minutos después, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, habló de “corresponsabilidad” y contraargumentó que la Policía tiene “la obligación constitucional” de asistirlos, aunque el partido sea un evento privado. “No es posible que en un país como Colombia, con una historia de violencia tan arraigada, la logística se encargue exclusivamente de la seguridad”, dijo.
Todos coincidieron, por otro lado, en expresar el horror que producían las imágenes de violencia. El conductor del programa radial, Néstor Morales, se refirió a los hinchas implicados como “asesinos en potencia”. El secretario Villa los definió como “bandidos, criminales, delincuentes”. “Nada tiene que hacer una persona ingresando un cuchillo o un machete a un estadio”, subrayó. El alcalde, Federico Gutiérrez, escribió en X que los implicados “son delincuentes” y deben ser tratados como tal. “No son hinchas, son criminales. Ayúdanos a identificarlos”, pidió en redes junto a algunas fotos de 10 violentos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, comentó que las autoridades investigan las fallas de logística y estudian “una sanción ejemplarizante para los implicados”. En el debate público, la culpa de todo parece estar en la irracionalidad de los hinchas, algo que se comenta cíclicamente desde hace años.
Sarah Castro Lizarazo, politóloga y periodista deportiva, señala en una conversación telefónica los difusos límites entre el negocio privado y la responsabilidad estatal. “La Dimayor es la dueña del espectáculo, pero luego dice que el tema de la violencia la supera, que es un tema social. El fútbol en Colombia, entonces, es privado hasta donde interesa que sea privado. Luego se termina convirtiendo en público”, añade. Se habla de corresponsabilidades y esto deriva, según comenta Castro, en que “nadie se sienta plenamente responsable”. Gran parte del Plan Decenal de Fútbol, adoptado por el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2014, sigue sin implementarse. Nunca se utilizaron los carnets de hinchas que comenzaron a hacerse en 2017 para identificar a los seguidores usuales y apenas se invirtió en la compra de cámaras de reconocimiento biométrico para identificar a quienes cometan actos de violencia.
Algo similar diagnostica Juan Sebastián Gómez, un barrista del Once Caldas que entró en la política hace 20 años y ahora es congresista. “La Dimayor organiza un evento privado, en escenarios públicos, y se lava las manos: siempre dice que es problema de las barras, de las alcaldías. No invierte un solo peso en hacer trabajo social y comunitario con los hinchas”, cuestiona por teléfono. Los programas de algunas administraciones distritales, como Goles en Paz en Bogotá, no son suficientes ante una problemática de escala nacional. “No todo se juega en la capital. Las barras rotan y giran por todo el país”, remarca. Para el congresista del Nuevo Liberalismo, es inaceptable que nadie invierta en los estadios y que la Comisión Nacional de Fútbol, conformada por ministros y altos funcionarios del Ejecutivo, apenas se reúna.
Tanto Castro como Gómez expresan su frustración respecto a que recurrentemente se hable sobre violencia en el fútbol y nada cambie. La periodista explica que durante un par de días todos expresan su indignación en los medios y luego se pasa a la siguiente historia noticiosa. “En momentos coyunturales como el del jueves, se habla de brutos e inadaptados y se pide mano dura. Pero se necesita de procesos culturales de convivencia a largo plazo”, dice. El congresista, por su parte, pide que se repliquen programas de trabajo social con las barras y que se invierta en equipos como escáneres de seguridad. “Acá todavía estamos en la edad media. Creemos que es suficiente pedirle a los hinchas que se quiten los zapatos, requisarlos manualmente y tratarlos mal. Seguimos haciendo lo mismo que hace 20 años y esperamos un resultado distinto”, apunta.
Imágenes como las del jueves hacen que muchos se pregunten cómo el robo de un trapo del equipo admirado puede llevar a una persona a golpear a otros con tanta brutalidad. Para Germán Gómez Eslava, sociólogo y coautor del libro Fútbol y barras bravas, esto se vincula a fuertes procesos identitarios. El experto comenta por teléfono que las barras llegaron a Colombia a principios de los noventa como “un proceso juvenil” y que, al igual que sucedía antes con el rock o el metal, los jóvenes de la época encontraron una comunidad de pertenencia. “Para ellos, un partido no dura solo 90 minutos. Son tres días de antelación, de viajar [incluso por toda Sudamérica], de invertir en función de ese apoyo incondicional y poco racional frente al equipo de fútbol”, dice Gómez. “Son hinchas más de la hinchada que del equipo. Se vuelven muy solidarios y muy unidos… y también muy violentos contra el enemigo común”, agrega.
En ese contexto, el trapo de una barra no es algo menor. Es “un símbolo de unidad”, según describe el sociólogo. “Los agarrones se suelen dar en el momento en que una de las barras ve la posibilidad de hurtar el trapo del rival. Es una oportunidad de decir: ‘Nosotros somos mejores”, remarca el experto, que recuerda que en 2005 un hincha de Independiente Santa Fe fue asesinado en medio de un incidente similar al del jueves en Medellín. Robar el trapo se vuelve, para algunos, una forma de mostrar valía y lealtad.
Otro factor es percibir la violencia como una forma de canalizar la frustración con los resultados deportivos del equipo. Hace unos días, otro incidente sorprendió en Colombia: hinchas del Deportivo Cali agredieron a los periodistas de Win Sports, el canal de televisión por suscripción que transmite los partidos de la liga local. Gómez explica que el club caleño ha tenido malos resultados deportivos y que las barras señalan a los comentaristas de tener un sesgo contra ellos. “Es una especie de sabotaje porque consideran que Win Sports es una marca de RCN y que RCN tiene relación con Nacional”, apunta. La politóloga Castro, por su parte, cree que los hinchas ven en el canal un símbolo “de poder” en el fútbol y una forma de expresar su descontento contra todo el sistema ante los problemas administrativos que también tiene el equipo: “Esa gente quiere hacerse sentir. La idea de la agresión es: ‘Aquí se van a enterar de que existimos”.
Fuente: EL PAÍS
