La Paz, 26 de septiembre del 2026 (ANF).- La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una posible rearticulación de los conflictos sociales en el país porque el gobierno no pudo resolver, durante los primeros 90 días del estado de excepción, las causas y demandas que originaron los conflictos sociales en el primer semestre.
El Reporte N° 06/2026 de “Monitoreo Defensorial del Estado de Excepción”, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, analiza el impacto del estado de excepción establecido mediante el Decreto Supremo N° 5636 entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2026, periodo correspondiente a sus primeros 90 días de aplicación. La evaluación también identifica factores de riesgo ante la decisión estatal de ampliar la medida por otros tres meses.
Según la Defensoría, el estado de excepción permitió contener las expresiones más extendidas de la conflictividad social, principalmente los bloqueos registrados a escala nacional. Sin embargo, esa contención no significó una solución a los problemas que generaron las movilizaciones.
“En síntesis, el estado de excepción cumplió una función de contención de las manifestaciones más generalizadas de la conflictividad —particularmente de los bloqueos nacionales—, pero no resolvió las causas estructurales que la originaron. Las demandas vinculadas al combustible, el costo de vida, las condiciones laborales y las medidas económicas continúan activas y muestran capacidad de rearticulación, especialmente en el contexto de la reciente ampliación de la medida extraordinaria por 90 días adicionales”, dice en la parte conclusiva del documento.
Ante la ampliación del estado de excepción, la Defensoría recomendó al Gobierno, en sus diferentes niveles, generar espacios efectivos de diálogo entre los sectores involucrados y establecer mecanismos que permitan alcanzar acuerdos para resolver las demandas pendientes.
También planteó la implementación de políticas públicas destinadas a enfrentar las causas estructurales de la conflictividad, principalmente aquellas relacionadas con los combustibles, el costo de vida y las demandas laborales y sectoriales acumuladas.
La institución también pidió mantener un seguimiento preventivo de las situaciones que puedan derivar en nuevos conflictos. Además, recordó que cualquier intervención de las fuerzas del orden debe desarrollarse bajo estricto respeto de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución.
La Defensoría resaltó que mantendrá su monitoreo durante los 90 días adicionales de vigencia del estado de excepción, con el objetivo de prevenir una escalada de la conflictividad, proteger el ejercicio de derechos y acompañar la búsqueda de soluciones que permitan superar las causas de fondo de las demandas sociales.
Fuente: ANF
