El informe anual de ONU Mujeres alerta de un retroceso en muchos países del liderazgo femenino en la política, la justicia y las empresas y advierte de que la igualdad de género no se alcanzará hasta 2197 al ritmo actual
2197. No es el título de una película de ciencia ficción, sino el año en el que se logrará la igualdad entre hombres y mujeres si nada cambia. Es la advertencia que lanza ONU Mujeres en su informe anual, publicado este jueves, que dibuja un panorama de avances insuficientes y persistentes brechas de género y que revela hasta qué punto se ha alejado la promesa de alcanzar en 2030 el objetivo de desarrollo sostenible dedicado a la igualdad de género.
Según alerta el organismo, los avances no solo se han estancado, sino que han retrocedido en muchos países en medio de una ola reaccionaria antifeminista y de un retroceso democrático a nivel global. “Las mismas instituciones, la financiación y los movimientos que se han construido a lo largo de muchas décadas para promover la igualdad de género se están debilitando sistemáticamente”, afirma Sarah Hendriks, directora de Política y Programas de ONU Mujeres, en una videollamada con este diario.
La violencia política se ha convertido en una de las principales barreras para la participación de las mujeres en los espacios de decisión. En algunos países, ocho de cada diez mujeres candidatas al Parlamento y seis de cada diez candidatas a elecciones locales afirman haber sufrido violencia psicológica, sexual, económica o física. Un riesgo que se amplifica con la expansión de las redes sociales y otros espacios digitales. “Las mujeres no deberían tener que escoger entre su seguridad o trabajar en política o en la vida pública”, lamenta Hendriks.
El informe pone especial énfasis en el retroceso de las mujeres en la política y en los espacios de poder. Aunque entre 2020 y enero de 2026 el número de mujeres jefas de Estado o de Gobierno aumentó de 20 a 28, seis de cada siete países siguen estando liderados por hombres. La tendencia es preocupante en los Parlamentos: en los últimos cinco años ha caído la proporción de mujeres parlamentarias en 54 países y el número de ministras se ha reducido un 20% a escala mundial. Es, además, la primera vez en 21 años que disminuye el número de mujeres que ejercen como presidentas o portavoces parlamentarias. Desde 2015, un total de 36 países han retrocedido en representación femenina en los parlamentos nacionales, 27 en los gobiernos locales y 34 en los puestos directivos.
Sin embargo, no basta con que más mujeres alcancen puestos de liderazgo político, ya que esta posición no garantiza que tengan los medios necesarios para lograr cambios legislativos reales. Según el informe, el 90% de ministras están concentradas en áreas tradicionalmente asociadas a los cuidados (familia o infancia) y a la igualdad, mientras que solo el 11% ocupan carteras de Interior y el 12%, de Defensa.
En los dos últimos años, además, se ha erosionado el poder de las mujeres que sí consiguen llegar a puestos de liderazgo. El informe recoge denuncias de recortes de personal, la eliminación o degradación de organismos orientados a combatir la desigualdad y la pérdida de competencias e influencia de estas instituciones.
Incluso en el ámbito judicial, donde existen más juezas que jueces en el mundo (51,2%), les cuesta más alcanzar puestos de poder. En todo el mundo, solo una de cada cinco presidencias de los tribunales nacionales de mayor instancia está ocupada por una mujer. Y, pese a que hay más mujeres que nunca en puestos de liderazgo y responsabilidad en las empresas, siguen siendo minoría en los máximos órganos de decisión. Además, las mujeres directivas ganan menos por hora que sus homólogos masculinos en ocho de cada 10 países con datos disponibles.
La brecha más allá de los despachos
Las diferencias se extienden al conjunto del mercado laboral. Aunque la participación femenina ha aumentado en numerosos países durante la última década, en 2026 solo el 63,9% de las mujeres de entre 25 y 54 años estaba empleada, frente al 92% de los hombres. Las trabajadoras continúan además estando sobrerrepresentadas en empleos informales y precarios.
Pero las consecuencias de la falta de liderazgo femenino van mucho más allá de los despachos, los parlamentos o los consejos de administración. Según el informe de la ONU, mujeres y niñas siguen soportando una carga desproporcionada de pobreza, violencia y exclusión en prácticamente todos los indicadores de desarrollo. Solo en 2025, estima el organismo, 316 millones de mujeres sufrieron violencia física o sexual por parte de una pareja. La inseguridad alimentaria y la pobreza extrema siguen afectándolas en mayor medida que a los hombres, y una de cada cinco niñas se casa antes de cumplir los 18 años.
Las organizaciones de mujeres, responsables de buena parte de los avances logrados en materia de igualdad durante las últimas décadas, afrontan además una grave crisis de financiación, debido en gran parte al desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos. Según ONU Mujeres, estos grupos han recibido históricamente “menos del 1% de la ayuda oficial al desarrollo”. Entre 2023 y 2024, estos fondos se redujeron un 28%, una caída que previsiblemente continuará en los próximos años.
Hendriks lamenta que la reducción de la ayuda internacional coincide con un tiempo marcado por dos fenómenos: numerosos conflictos armados que han causado graves crisis humanitarias, y el auge global de movimientos reaccionarios contra la igualdad de género, que tienen “vínculos claros con la manosfera” (espacios online donde hombres atacan y denigran a las mujeres), y que el informe avisa que tienen integrantes cada vez más jóvenes.
Para combatir estos retrocesos y reducir las desigualdades en el acceso al poder, Hendriks defiende reforzar las cuotas de género como una herramienta eficaz para garantizar una mayor representación femenina. Los datos respaldan su argumento: los países con sistemas de cuotas sólidos registran una presencia mucho mayor de mujeres, que ocupan el 39,5% de los escaños parlamentarios y el 42,4% de los cargos en los gobiernos locales.
El informe también reclama más financiación para los organismos que trabajan por la igualdad, endurecer la legislación contra la misoginia y la violencia política hacia las mujeres. Tampoco pueden faltar reformas que reduzcan los altos costes económicos y sociales que desincentivan una mayor presencia de mujeres en la política y la vida pública.
Fuente: EL PAÍS
