Se conocieron detalles sobre el alcance de los objetivos planteados por el Fondo Monetario Internacional para que Bolivia acceda a su apoyo económico
El programa acordado entre el gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional fue plasmado en un memorando de entendimiento en el que se hace un diagnóstico de la situación de la economía nacional y se traza el camino que se debe seguir para salir de la crisis económica.
Estas son las claves para entender este acuerdo, que apunta a hacer una profunda reforma de la economía nacional:
Objetivos
El acuerdo con el FMI plantea cuatro granes objetivos:
1.- Reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública.
2.- Reconstruir las reservas internacionales y estabilizar el mercado cambiario.
3.- Reducir la inflación y evitar que el Banco Central vuelva a financiar al Gobierno.
4.- Cambiar estructuralmente el funcionamiento de la economía, dando mayor protagonismo al sector privado, eliminando controles y subsidios generalizados y reformando instituciones.
El propio documento plantea que el programa tendrá un período inicial de fuerte ajuste, con una posible contracción económica durante 2026 y un mínimo de actividad en 2027, antes de una recuperación prevista desde 2028.
Reducción drástica del déficit fiscal
Este es probablemente el corazón del programa. Bolivia se compromete a realizar una consolidación fiscal equivalente aproximadamente al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.
El objetivo final es: eliminar el déficit primario del Sector Público No Financiero (SPNF) al finalizar el programa; reducir el déficit fiscal global hasta aproximadamente 3,5% del PIB en 2029; colocar la deuda pública en una trayectoria descendente.
¿Cómo se pretende conseguir? Principalmente mediante: eliminación de la subvención a los combustibles; reducción de la masa salarial pública; reducción o postergación de inversión pública de baja prioridad; reducción del gasto en bienes y servicios; revisión de otras subvenciones; control de los atrasos del Estado; aumento progresivo de los ingresos tributarios; reestructuración de empresas públicas no viables.
Adiós a la subvención de combustibles
El documento establece que en 2027 deberán eliminarse las subvenciones a los combustibles.
En concreto: El presupuesto 2027 no deberá incluir subvenciones a los combustibles, ni del Tesoro ni de empresas estatales. Además, los precios nacionales deberán alcanzar un nivel de recuperación de costos desde enero de 2027.
También se contempla:
Permitir que YPFB y las refinerías importen crudo para refinarlo en Bolivia;Aumentar la participación privada en la importación y comercialización;Permitir comercialización a precios de mercado.
Contro del gasto público y la inversión pública
Se fija como objetivo: limitar nuevas contrataciones; mantener el crecimiento nominal de la masa salarial por debajo del crecimiento nominal del PIB; reducir la masa salarial en más de 1% del PIB durante el programa.
Los proyectos de inversión pública tendrán que ser priorizados. Se plantea: postergar o cancelar proyectos de baja prioridad; mejorar la planificación; mejorar la asignación de recursos; exigir evaluaciones de costo-beneficio; priorizar infraestructura y energía con mayores efectos económicos y sociales.
Aumentar los ingresos tributarios
El ajuste no será exclusivamente mediante recortes. El programa contempla una futura Estrategia de Movilización de Recursos Internos, que deberá incluir: medidas tributarias; mejoras en la administración tributaria; reformas de la administración aduanera; acciones para aumentar la recaudación.
Esta estrategia deberá elaborarse y compartirse con el FMI hasta fines de marzo de 2027.
Es importante porque el documento deja claro que las reformas fiscales importantes por el lado de los ingresos se concentrarán posteriormente, aprovechando la recuperación económica prevista para 2028.
Se crea un nuevo marco fiscal de mediano plazo
Bolivia deberá dejar de trabajar solamente con presupuestos anuales y construir una planificación fiscal de mediano plazo.
Primero deberá publicar una estrategia fiscal con objetivos para los próximos años. Después deberá desarrollar un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para orientar el presupuesto de 2028 y posteriores.
Este marco tendrá: límites de gasto; objetivos fiscales; evaluación de riesgos fiscales; datos trimestrales de ejecución; integración progresiva de la estrategia de deuda pública.
Protección social
El gobierno de Bolivia se compromete a mantener un piso mínimo de gasto en asistencia social. La idea es que la eliminación de subsidios y otros ajustes sean compensados parcialmente mediante ayuda focalizada a los sectores vulnerables.
El Gobierno deberá presentar a la Asamblea Legislativa un marco jurídico para crear un registro social unificado.
Debe permitir: recopilar e intercambiar datos entre instituciones; utilizar mecanismos de comprobación de medios económicos; definir responsabilidades institucionales.
El tipo de cambio
El programa establece que Bolivia debe mantener un tipo de cambio flexible determinado por el mercado.
Los bancos deben poder comprar y vender dólares a un tipo de cambio libremente negociado. Esto aparece incluso como una medida previa del programa.
El BCB podrá intervenir, pero de manera limitada y bajo un sistema denominado: “discrecionalidad con restricciones”.
Es decir, puede intervenir cuando existan condiciones desordenadas del mercado o riesgos para la estabilidad financiera, pero no debe utilizar las reservas para defender permanentemente un determinado nivel del tipo de cambio.
El BCB dejará de financiar al Gobierno
El programa establece que el BCB no deberá otorgar nuevo financiamiento neto al Gobierno. El criterio de ejecución continuo establece el límite en cero.
En términos sencillos: si el Gobierno tiene déficit, no puede cubrirlo mediante nueva emisión de dinero del Banco Central.
Tendrá que financiarse mediante: ingresos; reducción de gasto; deuda interna; financiamiento externo; otros mecanismos compatibles con el programa.
Objetivo de inflación
El programa proyecta una inflación de aproximadamente: 14% al cierre de 2026 y busca llevarla a: un dígito para 2028.
Para ello se acepta explícitamente que el ajuste cambiario y la eliminación de subsidios pueden provocar presiones inflacionarias inicialmente.
Sistema financiero
La ASFI deberá realizar pruebas de estrés sobre: solvencia; liquidez; calidad de activos; riesgos sistémicos. Además, se realizarán evaluaciones independientes de la calidad de activos de los bancos sistémicamente importantes.
El Gobierno deberá presentar modificaciones legales para adecuar la regulación bancaria a estándares internacionales.
Incluyen: requisitos de capital; liquidez; activos deteriorados; provisiones por riesgo crediticio; operaciones con partes vinculadas; riesgo de tasas de interés; normas contables; eliminación de los topes a las tasas de interés y los cupos de crédito.
Empresas públicas
El documento plantea identificar y reestructurar las empresas estatales no viables. El objetivo es: reducir pérdidas; mejorar eficiencia; reducir riesgos fiscales; mejorar la gestión; mejorar la contabilidad; adecuar la gobernanza a estándares internacionales.
Eliminación de control de precios y de límites a las exportaciones
Plantea la eliminación progresiva de controles de precios, retirar gradualmente controles generalizados sobre: alimentos; energía.
Se plantea reducir progresivamente las restricciones y topes a las exportaciones. La contrapartida debería ser una red de protección social más focalizada.
Hidrocarburos y minería
El Gobierno se compromete a revisar integralmente los marcos: regulatorios; tributarios de los sectores de hidrocarburos y minería.
El objetivo declarado es incentivar nuevas inversiones y exploración privada, especialmente para revertir el declive de la producción de gas.
Al mismo tiempo, el Estado deberá conservar una proporción adecuada de las rentas provenientes de los recursos naturales.
Lo que dice el Gobierno
El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permite asegurar para el país $us 1.900 millones y no hace a un lado a los sectores vulnerables, afirmó este jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales.
En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental explicó que en este acuerdo un aspecto totalmente relevante es que “no se deja de un lado a los sectores más vulnerables, se protege a las familias” con reducción de la inflación, programas sociales como el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y el ordenamiento del mercado cambiario.
“Estos aspectos nos permiten proteger a las familias y dentro del acuerdo con el Fondo Monetario está establecido que no dejamos a un lado a los más vulnerables, continuaremos con la evaluación de cuáles son los mecanismos para transmitir recursos justamente en beneficio de estos, porque no queremos que los ajustes del gasto público que tenemos que realizar sean justamente afectados o tengan un mayor impacto en los más vulnerables”, remarcó.
Agregó que el acuerdo también ayuda a ordenar las finanzas públicas y recuperar la capacidad productiva con alivio tributario, mayor participación de sector privado, mecanismos de formalización y seguridad jurídica.
La autoridad indicó que el acuerdo está publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que la población pueda acceder al mismo. Y “ya la anterior semana fue presentado el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación”.
Fuente: UNITEL
