El Gobierno admite más de 450 enrolados en el Ejército ruso y más de 110 desaparecidos
Desde el 6 de mayo, Karina —nombre ficticio para proteger su identidad— se aferra a un audio de WhatsApp para conservar la esperanza de que su esposo aún está vivo. En esos 39 segundos, Jorge le pide que rece, que tenga fe y que confíe en que todo saldrá bien. “Yo te prometí que voy a regresar y así será. Yo vine por una finalidad, ¿y de qué me sirve venir aquí y sufrir tanto si no voy a cumplirlo?”, le dice con la voz apagada Jorge, un marino retirado que bordea los cincuenta años, salió de Lima rumbo a Moscú el 25 de marzo convencido de que había conseguido una buena oportunidad laboral. Le ofrecían un bono de 20.000 dólares y un sueldo mensual de 2.500 por encargarse de la seguridad de embajadas, hospitales y colegios. Un amigo de la empresa de seguridad en la que trabajaba le habló de la oferta. La explicación resultaba verosímil: muchos rusos habían sido enviados al frente de batalla en Ucrania y faltaba personal para vigilar las instituciones públicas. Por eso, le dijeron, se habían abierto plazas para extranjeros.
En una de las pocas comunicaciones que Jorge logró mantener con Karina desde Moscú, le contó que todo había sido un engaño. Le explicó que lo habían obligado, bajo amenazas, a firmar un contrato redactado en ruso, que le habían confiscado sus documentos y que lo estaban preparando para enviarlo a la primera línea de combate. “Nos llevan como carne de cañón”, le advirtió. También se quejó de la comida y de los malos tratos. El hombre que había viajado para trabajar como agente de seguridad terminaba atrapado en una guerra ajena.
Para él, aquel empleo representaba algo más que la posibilidad de ganar un buen sueldo. Era, sobre todo, la vía para conseguir el dinero que necesitaba Karina. Ella padece cáncer de cuello uterino y debe someterse a una histerectomía, una cirugía mayor para extraerle el útero. “Con el bono te operamos en una clínica privada y adiós cáncer, amor”, le prometió Jorge antes de partir. Casi cinco meses después, Karina no ha recibido un solo dólar y su esposo permanece desaparecido. Sin dinero para pagar el alquiler, tuvo que dejar Lima y mudarse a otra ciudad con sus dos hijos, que todos los días preguntan por su padre.
Jorge está lejos de ser un caso aislado. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, 459 peruanos se han enrolado en las fuerzas rusas que combaten en Ucrania, 114 permanecen desaparecidos y tres fueron capturados por el Ejército ucraniano. La Cancillería asegura, además, haber evacuado a 31 ciudadanos: 28 regresaron al Perú y tres permanecieron en Europa por decisión propia. Hace unos días, el ministerio informó también de la repatriación de dos jóvenes que, según su comunicado, lograron escapar del “reclutamiento forzado”. Ambos aterrizaron en Lima durante la madrugada del 9 de agosto.
Su abogado, Percy Salinas, contó a este periódico que ambos se encontraban en un hospital de Moscú y aprovecharon un descuido para escapar y refugiarse en la Embajada del Perú en Rusia. Salinas cuestiona, sin embargo, las cifras oficiales. El grupo de letrados con el que trabaja en la defensa de las víctimas estima que, desde 2024, alrededor de 1.200 peruanos se han enlistado en el Ejército ruso. La mayoría son hombres en situación de pobreza que apenas han completado la secundaria. Proceden principalmente de Lima, pero también de ciudades de la Amazonía, como Iquitos y Pucallpa; del norte, como Chiclayo y Trujillo; y de Pataz, en la sierra de La Libertad, una zona duramente golpeada por el avance de la minería ilegal.
El reclutamiento no ha distinguido edades ni condiciones médicas. “Se han llevado a los jóvenes del coro de una iglesia evangélica en Lima, de entre 18 y 21 años, como también a señores de casi sesenta años con taquicardia y presión ocular que no podrían pertenecer a ningún ejército”, afirma Salinas. Tampoco se trata, en su mayoría, de hombres con experiencia en el manejo de armas. Solo una porción mínima ha pertenecido a la Policía o a las Fuerzas Armadas.
Los abogados que representan a las familias han reconstruido, a partir de los testimonios de las víctimas, un patrón de captación. La mayoría llegó a Rusia por recomendaciones de conocidos. Detrás de esas ofertas aparecen reclutadores peruanos y colombianos, pero también antiguos compañeros del sector de la seguridad privada con experiencia previa en zonas de conflicto. Algunos habían trabajado años atrás resguardando la Embajada de Estados Unidos en Bagdad durante la guerra de Irak. Para ese grupo, aceptar un empleo de seguridad en un país en conflicto no resultaba una experiencia ajena.
Entre 2004 y 2017 se reportó la presencia de peruanos en Irak, atraídos por salarios que rondaban los 1.000 dólares mensuales —cifras muy inferiores a las prometidas ahora para viajar a Rusia—. Sin embargo, existía una diferencia sustancial: aquellos trabajadores recibían el pago acordado, realizaban labores de custodia principalmente dentro de zonas protegidas y no se habían enrolado en el Ejército estadounidense, sino que habían sido contratados por empresas privadas de seguridad.
Alejandro —quien también prefiere mantener su identidad bajo reserva— encaja precisamente en ese perfil. Tiene 61 años y custodió la Embajada de Estados Unidos en Irak entre 2010 y 2013. Viajó a Rusia el 19 de marzo y su familia perdió todo contacto con él el 23 de mayo. “Se aprovecharon de su recuerdo cuando estuvo en Irak. Nos dijo que iban a llevarlo a una base para que trabajara de vigilante, pero semanas después nos contó que no le dejaban usar el celular, que se habían quedado con su pasaporte y que los tenían como prisioneros”, cuenta uno de sus hijos.
A Alejandro también lo obligaron a firmar un contrato para servir durante un año en el Ejército ruso. El bono de 20.000 dólares y el sueldo prometido nunca llegaron a su familia. “En los contratos se menciona que se le cede el dinero a un ruso que representa a los soldados peruanos. Les crean una cuenta en un banco ruso y ellos manejan la plata, porque nosotros no hemos recibido nada”, señala. La siguiente noticia llegó el 7 de julio. En uno de los grupos que siguen la evolución de la guerra circuló una alerta: habían hallado el documento de identidad de un peruano en el campo de batalla de Donetsk, en el este de Ucrania. Era el de Alejandro. Desde entonces, figura en la lista de desaparecidos.
Las familias, que han realizado varios plantones frente a la sede de la Cancillería en Lima, reclaman una búsqueda más activa. Piden que las autoridades recorran hospitales, refugios y cementerios, que aceleren las gestiones para repatriar a quienes sigan con vida y que recuperen también los restos de quienes hayan fallecido. Exigen, además, la intervención de una fiscalía especializada que investigue a las redes de reclutamiento, identifique a sus responsables y determine si detrás de estos casos opera una estructura de trata de personas.
La presión de los familiares ha trasladado la crisis al terreno diplomático. A inicios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, se reunió con el embajador de Rusia en el Perú, Alekséi Ushakov, para reclamar información precisa sobre los peruanos fallecidos, desaparecidos o capturados durante el conflicto. La Cancillería ha pedido conocer la situación y la ubicación exacta de los desaparecidos, una respuesta que muchas familias llevan meses esperando. Karina, por ejemplo, sigue sin saber dónde está Jorge. Han pasado más de tres meses desde que escuchó su voz por última vez.
Fuente: EL PAÍS
