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ANP rechaza nuevo proyecto de ley de Acceso a la Información porque no fue consensuado y es nocivo para el periodismo

La Paz, 4 de julio del 2026 (ANF).- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó el nuevo proyecto de Ley de Acceso a la Información aprobado por la Cámara de Senadores porque no  fue consensuado con el sector ni con organizaciones de la sociedad civil; además, la nueva iniciativa perjudica el ejercicio del periodismo por las condiciones que se establecen para acceder a información pública.

La organización alertó que la aprobación del Proyecto de Ley 066/2025-2026 C.S. fue tramitado sin un proceso de consulta y pese a que ya existe otra iniciativa sobre el mismo tema y que continúa su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados.

El primer proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública (160/2023-2024) fue aprobado por la Cámara de Senadores el 23 de octubre de 2024, tras un proceso de elaboración que incluyó durante varios años la participación de organizaciones periodísticas y de la sociedad civil interesadas en fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública.

La organización periodística sostiene que la nueva iniciativa constituye una duplicidad innecesaria y cuestionaron que vuelva a ser impulsada por la misma instancia legislativa; por lo que exige el archivo del Proyecto de Ley 066/2025.

La nota de prensa también advierte que el nuevo proyecto contiene disposiciones que restringen el acceso a la información pública y podrían afectar el trabajo de investigación de los periodistas.

Entre las observaciones, la ANP señaló que la propuesta obliga a toda persona que solicite información al Estado a garantizar que ésta no cause “perjuicios a terceros” y a asumir “responsabilidad plena por la información obtenida”.

Esa disposición contradice el principio de que la información generada por el Estado pertenece a la ciudadanía y podría convertirse en un mecanismo para censurar, discrecionalmente, investigaciones periodísticas sobre hechos de corrupción u otros delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas.

Además, ese proyecto de ley establece plazos excesivos para entregar la información y crea procedimientos burocráticos que dificultan el acceso oportuno a documentos públicos.

Fuente: ANF

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