- La norma establece procesos internos y posibles acciones penales contra funcionarios
Potosí, Kollasuyo Digital
El alcalde de Potosí, Williams Cervantes, promulgó el Decreto Edil 123/2026 con el objetivo de combatir de manera frontal los hechos de corrupción dentro del Gobierno Autónomo Municipal, estableciendo una política de “cero tolerancia” frente a cualquier acto irregular cometido por servidores públicos.
La autoridad informó que todos los funcionarios que sean denunciados por realizar cobros indebidos o solicitar dinero de manera irregular serán sometidos a procesos internos a través de la Unidad de Transparencia, en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Asimismo, no se descarta la presentación de acciones penales ante la justicia ordinaria cuando corresponda.
“Ninguna persona o funcionario de la Alcaldía puede cobrar dinero a nombre propio o a nombre de la Alcaldía”, afirmó Cervantes durante la presentación de la norma. Como parte de las medidas de control y transparencia, anunció que los funcionarios municipales utilizarán cámaras durante el ejercicio de sus funciones, aunque no precisó la fecha en que se implementará este sistema.
El decreto reitera la prohibición absoluta de incurrir en actos de corrupción, negligencia o cobros indebidos en representación del municipio. Además, exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad a través del teléfono 69626484 o mediante el correo electrónico transparencia@potosi.bo.
La autoridad municipal también advirtió que estará prohibido eliminar grabaciones de audio o video generadas durante el trabajo de los funcionarios, estableciendo sanciones para quienes incumplan esta disposición.
Entre las medidas específicas, Cervantes remarcó que ningún comerciante o ciudadano debe entregar dinero a funcionarios de la Intendencia Municipal por ningún concepto. Asimismo, los técnicos encargados de inspecciones deberán registrar en video todas las conversaciones y actuaciones realizadas durante su labor.
En el área de Catastro Urbano, el alcalde instruyó que los trámites para la aprobación de planos se resuelvan en un plazo máximo de 12 días, dejando atrás las demoras de dos o tres meses que, según indicó, eran habituales. Del mismo modo, los funcionarios de Medio Ambiente deberán grabar todas sus intervenciones públicas.
Cervantes señaló que existen denuncias sobre presuntas clausuras de actividades mineras que posteriormente eran levantadas tras pagos irregulares que oscilaban entre 50.000 y 70.000 bolivianos. “Esto ahora ya no va”, enfatizó la autoridad.
Finalmente, el alcalde instruyó a los abogados de las Defensorías Municipales incrementar su carga de atención y mejorar sus resultados en los procesos judiciales. Según indicó, algunos profesionales atendían pocos casos y aun así obtenían resultados desfavorables en las instancias correspondientes.
Con estas medidas, la administración municipal busca fortalecer los mecanismos de control interno, reducir los espacios para la corrupción y garantizar una mayor transparencia en la atención a la ciudadanía.
Por: Analiz Jhasmin Mamani Chambi
