El país elige a su noveno presidente en una década en medio del cansancio de la ciudadanía por la polarización
Los candidatos a presidir Perú que se enfrentan en las urnas este domingo lo hacen abrazados a las sombras de proyectos políticos anteriores que parecen mirar a dos países distintos. La derechista Keiko Fujimori, de 51 años, reivindica la divisiva figura de su padre, el autócrata Alberto Fujimori, que acabó condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción y fue indultado al final de su vida por razones humanitarias. El izquierdista Roberto Sánchez, de 57 años, encarna la visión de Pedro Castillo, el campesino que llegó a presidente como esperanza de justicia social para las zonas rurales. Apenas pudo cumplir ninguna de sus promesas, dio un autogolpe fallido en 2022 y está en la cárcel, aunque sus partidarios lo ven víctima de un complot de la derecha en el Congreso para acabar con él después de torpedear sin tregua su acción de gobierno.
Es la cuarta vez consecutiva que Keiko Fujimori llega a segunda vuelta, con un ideario económico neoliberal, propuestas de mano dura contra la criminalidad que involucran al ejército en la calle e iniciativas como que los presos trabajen por su comida, y llevar servicios básicos como el agua a las regiones más pobres.
En las encuestas ha tenido una ligera ventaja sobre Roberto Sánchez y el último sondeo, de este sábado y hecho por Ipsos, sitúa ambos en el empate técnico, con una intención de voto para Fujimori del 44,1% y 43,7%. Este escenario potencial tan ajustado y polarizado se presenta después de un escrutinio de votos caótico por problemas logísticos y salpicado por denuncias de fraude en la primera vuelta, cuyos resultados definitivos tardaron un mes en conocerse. Las autoridades electorales ya han advertido que el conteo esta vez podría tardar otro mes.
El plan de Gobierno de Sánchez pasa por reformar y capacitar a la policía para combatir el crimen, una mayor presencia estatal en la economía, la salud y la educación y una reforma política que devuelva a los ciudadanos la opción del referéndum para lanzar una asamblea constituyente, además de buscar el indulto a Pedro Castillo. En la última semana, ha ido moderando su discurso para disipar temores en el sector económico de uno de los principales productores de cobre del mundo, asegurando que respetará la autonomía del banco central y el entorno legal que facilita las inversiones, y un plan de industrialización para que las materias primas que exporta el país generen valor añadido.
Cualquiera que gane podrá considerar un logro llegar a agotar su mandato, algo no visto en la última década, en la que los peruanos han tenido ocho presidentes. En un país sumido en la inestabilidad y la crisis política, muchos culpan al Congreso, percibido como un nido de corruptos con capacidad de tumbar al Ejecutivo con una fórmula pensada para situaciones excepcionales, la “incapacidad moral permanente”, que le da amplia discrecionalidad y mucho poder para obstruir la acción presidencial.
En la calle, la desconfianza hacia los políticos se cuela en las conversaciones, donde cunde la sensación de que estas elecciones son más de lo mismo. En una avenida del acomodado barrio limeño de Miraflores, dos ingenieros en la treintena, votarán este domingo con apatía. “Ningún candidato me interesa, yo en primera vuelta voté por un centrista que no ha pasado a segunda. Al final escogeré a Keiko, pero sin ganas, porque no me gusta la presencia de Antauro Humala [un ultranacionalista que pasó 18 años en la cárcel por rebelión] en la candidatura de Sánchez”, dice Ángel Cahuana. Su compañero César Lapa, en cambio, irá por Sánchez “porque Keiko es lo mismo que su padre, tiene mucho poder a través del Congreso, que es corrupto, y es la manera de evitar que ella tenga el control de todo”.
“En campaña los candidatos han buscado hablarle sobre todo a sus bases. La gente está menos combativa, hay cierto cansancio de la polarización y está menos crispado el ambiente, aunque también hay menos interés”, explica el politólogo Eduardo Dargent. “Siempre hay indecisos en Perú, pero el fujimorismo no ha ido a por sus votos, quizá pensando que con la estabilidad económica basta. El fujimorismo suscita temor y tiene una vieja carga autoritaria que se suma a su actuación en el Congreso, hay mucho de cierto en que han limitado el poder de los que consideraban enemigos”, asegura.
Lejos de esa política tumultuosa, en la cafetería de un centro comercial de Lima en una de sus grises mañanas con olor a sal del océano, Héctor Vargas, de 67 años, habla de la crisis que más preocupa a los peruanos y que ha marcado la campaña electoral, la de inseguridad ciudadana, y sobre todo, las muy extendidas extorsiones a negocios medianos y pequeños, comerciantes y, sobre todo, conductores del transporte urbano, de los que decenas han sido asesinados en los últimos dos años.
“El país se juega la viabilidad misma de la democracia en la crisis de inseguridad”, dice Julio Corcuera, analista experto en seguridad que fue viceministro de Interior. “Hay una sensación enorme de impunidad, el sistema de justicia es lento y burocrático y el problema se mira desde una perspectiva de militares y patrullas en la calle, pero hace falta desarticular la estructura, las extorsiones van por redes sociales y teléfonos”, explica.
Vargas tiene una compañía de autobuses y ha recibido amenazas para que pague a las bandas “el cupo”. Si no, pasan cosas como estas: “En mi empresa quemaron un vehículo, un autobús de línea que ya regresaba a la cochera. Se subieron, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Otra noche tirotearon en el garaje varios autobuses y corretearon al vigilante arma en mano”, cuenta quien ha recibido “llamadas en las que te dicen que si no pagas te matan, que conocen tu horario, te insultan…”, cuenta. Aunque lo que más le preocupa es que también han llamado a su familia, a sus hijos.
El incidente más grave en la empresa de Vargas ocurrió hace seis meses. “Le dispararon a un conductor y le dieron en el pulmón. Todavía se está recuperando”, cuenta. “Todo esto crece por la inacción del Estado, porque hay corrupción y la policía, fiscalía y los jueces no trabajan de manera articulada. Pones una denuncia y a los cinco minutos el delincuente ya lo sabe”, cuenta. Muchos de sus compañeros, por miedo, acaban pagando. “La inseguridad está llevando a la quiebra al sector. En los dos últimos años, nuestros conductores, por miedo a que los maten, han empezado a migrar a otros países y a otras profesiones. Eso hace que las empresas formales operemos al 30% o 40% de la capacidad de nuestra flota”. Alrededor del 70% de los empleos del país se desarrollan en la informalidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que los trabajadores no tienen pensión, ni beneficios sociales ni pagan impuestos.
Ellos han hecho protestas, presentado planes a los distintos gobiernos que han ido pasando en los últimos dos años, pero no han visto resultados. “Hicimos una propuesta legislativa pero no se aplica por culpa del Congreso, que es el que reglamenta”, explica. Y sigue recibiendo amenazas, en empresas como la suya hay “policías día y noche” como manera de mitigar la situación. Espera que la situación se arregle y poder hablar con el próximo Gobierno tras años de frustración.
El lastre de la crisis política e institucional que vive el país ha frenado su potencial económico. “La inflación se ha mantenido controlada, se crece a más del 3%, tenemos una de las deudas públicas más bajas de la región, pero ¿cuánto hubiéramos crecido sin este problema político?”, plantea Jorge Carrillo, experto en finanzas de Pacífico Business School. “El temor es que persista la inestabilidad, la polarización, porque gane quien gane las elecciones, hay un miedo de que estalle la conflictividad social, las protestas, y eso le hace flaco favor a la inversión privada, que es la que genera empleos de calidad en Perú. El reto para quien llegue es permanecer cinco años y generar estabilidad política para ejecutar planes a medio plazo”, explica.
Fuente: El País
