El proyecto de ley ya fue remitido al Legislativo y entre las particularidades se incluye el despeje de vías y una investigación con inteligencia financiera para conocer quiénes financian los bloqueos
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, exteriorizó detalles del proyecto de ley de Estado de excepción que fue remitido desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, donde figuran operativos para despejar bloqueos e investigaciones sobre el financiamiento a estas protestas.
De acuerdo con el reporte estatal, se apunta a restablecer la circulación en las carreteras, garantizar el abastecimiento y permitir la atención de servicios esenciales.
“Los operativos que vamos a hacer es para despejar las carreteras y va a haber una acción inicial de consensuar con los bloqueadores, pero si no fuera eso posible y fuera suficiente para desbloquear, vamos a tener alguna acción de fuerza”, sostuvo la autoridad.
En esta línea, precisó que se está convocando a organismos de Derechos Humanos, a la Cruz Roja, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia Católica y la Evangélica, al igual que convocó a la población a respaldar el trabajo de las fuerzas del orden durante las intervenciones.
“La Asamblea Legislativa tiene un plazo de 72 horas (para aprobar el estado de excepción), pero estamos seguros que esto va a ser mucho más rápido, dada la urgencia de estas acciones”, manifestó la autoridad en contacto con los medios.
En relación con las personas que eventualmente sean aprehendidas durante estas acciones, apuntó que se respetará el debido proceso y que cada caso será evaluado de acuerdo con las circunstancias y posibles delitos cometidos.
Otra de las particularidades del proyecto es el desarrollo paralelo de investigaciones para identificar el origen de los recursos que sostienen las movilizaciones y, según el viceministro, ya existen indicios que están siendo analizados por las instancias competentes.
“Se está haciendo de manera paralela una investigación con inteligencia financiera y tenemos indicios serios de que buena parte del financiamiento de dirigentes que es una especie de dictadura sindical son financiados con fondos ilícitos y hay indicios que serían narcotráfico, pero también de otras fuentes no lícitas”, sostuvo.
La autoridad resaltó que la premisa del Estado de excepción es resguardar los derechos de todos los sectores involucrados, incluidos los manifestantes, los efectivos policiales y las Fuerzas Armadas, dentro de los límites establecidos por la Constitución.
Según el viceministro, la medida no será “para reprimir y hacer daño”, sino que esta será una “acción humanitaria” que tendrá características de excepción.
Fuente: UNITEL
