Los talibanes han aprobado desde 2021 alrededor de 140 medidas contra las mujeres mientras la Unión Europea da pasos para legitimar su gobierno
Que un hombre adulto viole a una niña es legal en Afganistán desde el 14 de mayo. Los talibanes promulgaron ese día el Decreto nº 18 o “Código de separación judicial de los cónyuges”, una norma que legaliza el matrimonio infantil sin que ni siquiera sea necesario escenificar un supuesto consentimiento de la menor; basta con su silencio. Lo que sanciona ese decreto es “que las niñas puedan ser casadas con seis, siete años o menos con el pretexto de que esas menores pueden luego teóricamente pedir el divorcio al cumplir nueve años”, eso si siguen siendo vírgenes y osan enfrentarse a un marido adulto y a los jueces talibanes, resume la activista afgana Zubaida Akbar. A esa edad de nueve años es cuando la radical jurisprudencia islámica hanafí —la que siguen los talibanes— sitúa arbitrariamente la pubertad femenina.
La normalización de la pederastia no es la única disposición de esa nueva ley que cierra aún más la jaula en la que los talibanes han encerrado a mujeres y niñas desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021. Akbar, directora del programa para Afganistán de la organización Femena, explica desde Estados Unidos que ese decreto reduce casi a la nada las posibilidades de que una afgana obtenga el divorcio. También impide que una mujer solicite que se declare muerto a su marido, incluso si lleva décadas desaparecido, “hasta que todos los coetáneos del hombre hayan fallecido”.
El Decreto nº 18 es una ley “particularmente desoladora”, lamenta la activista. Es también solo una medida misógina más, apunta. En sus casi cinco años en el poder, los talibanes han sancionado alrededor de 140 normas, decretos o simples órdenes liberticidas contra las mujeres. Femena contabilizaba ya 134 el pasado verano. Esas normas son los pilares de lo que Akbar llama “un infierno en la tierra”; un abismo que cada vez se hace más hondo mientras, al mismo tiempo, la comunidad internacional da pasos para legitimar a los fundamentalistas como gobernantes de Afganistán.
En 2025, Rusia se convirtió en el primer Estado en reconocer oficialmente al gobierno de los talibanes. El mismo día en que se promulgó el decreto que legaliza el matrimonio infantil en el país asiático, el 14 de mayo, se supo que la Unión Europea había invitado para junio a Bruselas a una delegación de los fundamentalistas con el objetivo de discutir nuevas vías para expulsar a afganos (y a afganas), a instancias de una veintena de países miembros, entre los que no figura España.
“Una alfombra roja que esa Europa que se presenta como defensora de los derechos humanos les tiende a los talibanes, a quienes se les confiere así legitimidad”, resume la periodista afgana exiliada en España Khadija Amin.
Pretextos
Una de las primeras decisiones de los talibanes al regresar al poder fue suspender la Constitución que, entre otras salvaguardas, establecía una edad mínima de 16 años para contraer matrimonio. Esa ley no se respetaba en muchos casos, recuerda desde Londres Rachel Reid, de la Red de Analistas Afganos (AAN), pero al menos existía, al igual que “las juezas, las fiscales, las abogadas y los refugios para víctimas”, detalla la analista.
Los supuestos “Talibanes 2.0.” —una denominación utilizada desde 2020 por Estados Unidos, en parte para justificar la abrupta salida del país de sus tropas— no eran mucho más moderados que los que habían regido el país entre 1996 y 2001. Sí eran más taimados; más conscientes de que no les convenía el estatus de paria ante una comunidad internacional cuya reacción probablemente querían testar. Quizás por ello al principio los fundamentalistas avanzaron con tiento. Con pretextos.
Por ejemplo en septiembre de 2021, cuando cerraron los institutos de secundaria femeninos y afirmaron que se trataba de una clausura “temporal” mientras garantizaban una segregación de sexos en la educación que, en realidad, ya existía. Para entonces ya habían instado a las afganas a no ir a trabajar, con la excusa de que sus militantes no estaban acostumbrados a tratar con mujeres.
Primero prohibieron la secundaria. Después, en diciembre de 2022, la universidad, con lo que Afganistán se convirtió en el único país del mundo donde las niñas tienen vetado estudiar desde los 12 años. Desde entonces los talibanes han ido clausurando todas las alternativas que las afganas buscaron para seguir formándose, como academias privadas de idiomas o escuelas profesionales gestionadas por organizaciones humanitarias. Los fundamentalistas persiguen con especial saña las escuelas clandestinas a las que, arriesgando sus vidas, algunas niñas siguen asistiendo. A Rachel Reid le parece que ello demuestra su “su coraje, su tenacidad y su deseo de aprender”.
En el casi lustro de poder talibán, el 80% de las afganas han sido expulsadas del mercado laboral, según un informe de UN Mujeres. Las afganas tienen prohibido trabajar en la Administración, las fuerzas de seguridad, los bancos, las ONG y las agencias humanitarias de Naciones Unidas. Tampoco como fiscales, jueces o diputadas y ni siquiera pueden regentar salones de belleza, que los radicales cerraron en julio de 2023, privándolas de uno de los pocos lugares donde aún podían ganarse la vida y socializar.
A las pocas que aún tienen un empleo se les exige que un pariente varón —el mahram o guardián, padre, marido o hermano— las acompañe en el trayecto de ida y vuelta a su trabajo. Si una mujer prescinde o carece de ese tutor y osa aventurarse en la calle puede ser encarcelada y torturada. Las afganas no pueden tampoco obtener el pasaporte, acudir a un hospital ni viajar sin esa carabina.
El ocio les está igualmente vedado. A la prohibición general de escuchar música se suma la de entrar en parques, jardines, gimnasios, baños públicos, restaurantes y cafés. Tienen vetado igualmente practicar deporte y conducir, e incluso su mera presencia en la calle solas sin un propósito definido se considera “vagabundeo”, y eso que la mayoría de mendigos que se ven ahora en las calles de las ciudades afganas son mujeres y niños, algo que se relaciona directamente con la prohibición de trabajar.
Ventanas tapiadas
En 2024, los talibanes dieron un nuevo paso en su afán por convertir a las afganas en sombras al aprobar una ley de moralidad que les prohíbe mostrar su rostro, mirar a los hombres y hablar en público, equiparando su voz a algo que debe ocultarse como los genitales. Ya antes las habían obligado a cubrirse de la cabeza a los pies -el burka aún no es obligatorio- y prohibido el uso de perfume, tacones y ropa de colores vivos. Las afganas no pueden ni asomarse a una ventana. Los fundamentalistas han ordenado tapiar todo vano que permita verlas desde la calle o las viviendas vecinas.
Más grave aún es que las afganas no pueden ser atendidas por médicos varones, ni siquiera en riesgo de muerte, cuando el país deplora una grave escasez de sanitarias que ahora solo irá a peor. En diciembre de 2024 los fundamentalistas eliminaron la excepción que hasta entonces permitía a las afganas estudiar medicina, enfermeria o formarse como matronas. Esa decisión es una condena a muerte diferida para muchas mujeres del país.
Esa lista tan larga de medidas para cercenar los derechos de mujeres y niñas demuestra, asegura Reid, “la naturaleza sistémica de una discriminación que afecta a todas las facetas de la vida de las afganas”; lo que Naciones Unidas define como un “apartheid de género” contra el que las afganas, progresivamente olvidadas por la comunidad internacional, siguen protestando. Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de manifestantes sometidas a desaparición forzosa, encarcelamiento, palizas, descargas eléctricas y todo tipo de torturas.
Miseria
Hasta ahora la acción internacional más decidida contra los talibanes ha partido del Tribunal Penal Internacional (TPI), que el año pasado emitió órdenes de detención contra Haibatulá Ajundzadá, su líder supremo, y Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo afgano. Sobre varios altos cargos del gobierno de los fundamentalistas pesan también sanciones financieras y prohibiciones de viaje del Consejo de Seguridad y de diferentes países. Sin embargo, en 2024. el órgano ejecutivo de la ONU levantó momentáneamente esas sanciones para que cuatro dirigentes talibanes peregrinaran a La Meca. Antes habían viajado sin que nadie los inquietara a Emiratos Árabes Unidos.
La miseria en la que viven los afganos ha resultado ser una además ser una baza en manos de los fundamentalistas. Casi 23 millones de los alrededor de 44 millones de sus ciudadanos necesitó ayuda humanitaria en 2025. Enfrentados al dilema de abandonar a estas personas a su suerte o colaborar con los talibanes, la comunidad internacional se ha plegado a lo segundo. Contra Afganistán no pesa un embargo comercial y el país sigue recibiendo una ayuda humanitaria que controlan en parte los talibanes. Casi cinco años después del regreso de los fundamentalistas, la reacción internacional a cada nuevo atropello a los derechos de las mujeres y niñas de su país suele limitarse ya a vacíos comunicados de condena.
En medio de esa impunidad, los talibanes aceleraron en 2024 la codificación de su “apartheid de género”, al reunir más de un centenar de edictos contra las mujeres bajo el paraguas de la ley de moralidad y dotarlos así de rango de norma legal. El pasado mes de enero, la arquitectura legal de la opresión se afianzó aún más cuando los fundamentalistas sancionaron una norma que ejerce de Código Penal y en la que se legaliza la violencia machista.
Esa ley no solo permite al marido “castigar” a su mujer -o violarla- cuando lo crea conveniente, mientras que a la esposa se le prohíbe incluso refugiarse en casa de su familia. Equipara a las mujeres a una propiedad cuyo valor es menor que el de un camello o un perro. La ley recoge una pena de prisión de solo 15 días si un hombre ha provocado “una fractura, una herida abierta o un hematoma” a su esposa. Eso solo si la mujer logra demostrarlo ante un juez a quien no puede mostrar ni un centímetro de piel. La pena por organizar una pelea de perros puede llegar a cinco meses de cárcel.
Ese código expone a las afganas a la violencia de literalmente cualquiera. El texto asegura que cualquier musulmán “que sea testigo de lo que se considera un ‘pecado’ está autorizado a imponer un castigo corrector en el acto para ‘prevenir el vicio’” o actos prohibidos, cuando las afganas tienen ya prohibido casi todo. Excepto “respirar, que no es lo mismo que vivir”, dice una de ellas en un informe de Femena.
“No es extraño”, reflexiona Zubaida Akbar, que “no haya día sin noticias de suicidios de afganas o de feminicidios perpetrados por los motivos más banales”.
Todo “el sistema de los talibanes ofrece impunidad y legaliza la violencia contra las mujeres, que pueden ser golpeadas, encarceladas y humilladas por los talibanes, por padres, maridos o hermanos”, afirma la activista. O por simples transeúntes. Si matas a una mujer “no pasa nada”. Y “no se trata solo de borrar a las afganas del mundo laboral y del espacio público, como se ha dicho”. resalta la activista de Femena, sino que el objetivo es “eliminarlas físicamente”.
Vendidas
Karishma, de 24 años, era una estudiante de Informática a la que el cierre de las universidades impidió graduarse. Ahora, dice desde un lugar que no revela de Afganistán, sobrevive más que vive “sin planes ni futuro”.
Sin poder estudiar ni trabajar, muchas familias están entregando a sus hijas en matrimonio porque piensan “que al menos estarán seguras”, explica la joven. Luego envía una foto de otra chica. Se llamaba Fajunda y tenía 17 años. En la imagen, la adolescente sonríe con una mano sobre el corazón.
El pasado mes de agosto, recuerda Karishma, el marido de Fajunda “la mató cerca del mercado Gulhabar de Kabul, un mes y medio después de contraer matrimonio”.
Karishma relata luego el caso de una niña de seis años a quien casaron con un hombre de 45 años en Helmand, en el suroeste del país. Una niña afgana es ahora mismo “el ser humano más indefenso” que se pueda concebir, lamenta Rachel Reid.
También es una mercancía. Karishma conoce varios casos de padres que, sumidos en la miseria, han vendido a sus hijas a hombres adultos. A esta joven le impresiona que ese comercio que condena a las niñas a violencia sexual, “embarazos precoces que ponen en riesgo sus vidas” y las entierra en vida tenga a veces como contrapartida “cantidades muy pequeñas de dinero”. Unicef menciona casos en los que ese pago ha sido inferior a 2.000 euros. Las ONG internacionales calculan que el matrimonio infantil se ha incrementado un 500% en Afganistán en los casi cinco años de poder de los talibanes.
Algunas afganas escapan, pero la mayoría no tiene cómo hacerlo. Este diario escribió a Zahra, una chica de Kabul que enseñaba inglés a otras jóvenes por internet. En su lugar contestó un hombre. Zahra vive y estudia ahora en Bangladés.
Leila Bassim montó la última librería para mujeres de Kabul. Los talibanes la cerraron y le pegaron una paliza. Estaba amenazada de muerte. Esta semana respondió a EL PAÍS desde una ciudad occidental. Vive libre y ha sido madre de una niña.
Fuente: El País
