La Fiscalía moviliza peritos hacia la zona del crimen, pero la vigencia de la ley del silencio y los bloqueos frenan las investigaciones de la Policía.
Un grupo de comunarios enardecidos asaltó las celdas policiales del municipio de Pocoata, en Potosí, para secuestrar y golpear salvajemente a tres sujetos acusados de robar un minibús. Los hombres, cuyas edades oscilaban entre los 23 y 28 años, fueron arrastrados hasta una cancha pública donde los amarraron a un árbol y los quemaron vivos.
Los impactantes gritos de dolor de las víctimas no conmovieron a los agresores, quienes incluso filmaron el crimen y difundieron las imágenes en redes sociales como advertencia. Aunque uno de los capturados logró zafarse del árbol e intentó apagar el fuego rodando por el suelo, la multitud enardecida pedía a gritos lanzar más combustible para asegurar su deceso.
La ley del silencio y el abandono
Tras consumar la brutal ejecución, los atacantes arrojaron los cuerpos carbonizados en los nichos del cementerio general de la localidad y se marcharon del lugar. “Los pobladores de esta localidad han tomado la decisión de hacer justicia comunitaria”, relató un efectivo policial de la zona, confirmando que la población está bajo una estricta ley del silencio.
El uniformado también detalló que las autoridades lograron trasladar los cadáveres a la morgue a tempranas horas, a pesar de que el ambiente continúa sumamente hostil. “La población está todavía enardecida, han retirado el motorizado y documentos en el lugar”, añadió la fuente policial sobre el control que aún ejercen los comunarios.
Fiscalía frena pesquisas por seguridad
El Ministerio Público ya activó los mecanismos correspondientes para identificar a quienes participaron de este hecho, aunque admiten que el panorama actual impide avanzar con normalidad. “Se ha desplegado a efectivos policiales para dar inicio a las investigaciones. La situación en el municipio es tensa, dificulta al Ministerio Público y Policía a llevar a cabo las investigaciones”, declaró Erick Aparicio, fiscal departamental.
Ante el inminente peligro de nuevos desmanes, la fiscalía solicitó apoyo de un contingente de Llallagua, pero los bloqueos camineros en la región han impedido su llegada. Por este motivo, Aparicio concluyó: “Por temas de seguridad se está disponiendo el repliegue del fiscal que se tiene asignado a ese municipio hasta que la situación vuelva a la calma”.
Fuente: RED UNO
