La Paz, 29 de mayo de 2026 (ANF).- La crisis que hoy mantiene bloqueada a la ciudad de La Paz comenzó con demandas de varios sectores, como campesinos, choferes, maestros y mineros, pero que después fue capitalizado por tres actores, principalmente, que aprovecharon para cambiar sus pedidos por la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
La protesta principal se originó el 8 de abril en la región amazónica, cuando campesinos e indígenas de Pando iniciaron una marcha rumbo a La Paz en rechazo a la Ley 1720, norma que autorizaba la conversión de pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas para que puedan ser utilizadas como garantía en préstamos bancarios.
Los movilizados denunciaban que la medida abría el camino a la mercantilización de la tierra y amenazaba la propiedad campesina e indígena protegida por la Constitución. Días después, organizaciones de Beni se sumaron a la caminata y fortalecieron la protesta.
Mientras eso se desarrollaba, a inicios de abril, la Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno su pliego petitorio con más de 200 pedidos, pero el principal fue el incremento del 20% del haber básico. Los maestros urbanos también se sumaron a la demanda de aumento salarial, al igual que sus pares del área rural.
Sin embargo, el conflicto cambió de dimensión el 11 de abril, cuando el senador suplente Nilton Condori encabezó un cabildo en El Alto donde exigió una reducción de sueldos de todas las autoridades y funcionarios del Gobierno para que ellos también acompañen la crisis económica que sufre el pueblo; en ese entonces se advirtió que los campesinos de las provincias paceñas se sumarían a la marcha contra la Ley 1720. Además, se planteó por primera vez la posibilidad de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Mientras avanzaba la marcha desde la Amazonía hacia La Paz, distintos sectores comenzaron a incorporarse. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) e indígenas del TIPNIS, aunque la norma no afectaba a los Territorios Comunitarios de Origen. De forma paralela, sectores como los mineros cooperativistas y los choferes del transporte de los Yungas comenzaron a iniciar sus protestas; el primero por más explosivos y concesiones para explotar, y el segundo por abastecimiento de combustible y mejoramiento de las carreteras en esa región.
El Gobierno fue atendiendo las demandas de cada sector. Los campesinos de la región amazónica consiguieron la abrogación de la Ley 1720; los mineros lograron concesiones y reconocimiento dirigencial; los maestros urbanos y rurales lograron beneficios económicos; los choferes de los Yungas aceptaron el compromiso de abastecimiento de combustible y mejoramiento de carreteras.
A falta de aliados, la COB hizo un acuerdo con la Tupac Katari
Ante una debilitada COB, los obreros a la cabeza de Mario Argollo decidieron firmar un acuerdo con la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” para exigir la renuncia del primer mandatario. Por ello, se instruyó marchas y bloqueo de caminos en el departamento de La Paz.
El 7 de mayo, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, aseguró que los bloqueos que instruyó desde esa jornada no dejarán que nada ingrese ni salga del departamento hasta que sus demandas sean escuchadas, entre ellas la renuncia del presidente del Estado.
Esas organizaciones se vieron fortalecidas con la llegada de la marcha de los seguidores de Evo Morales que vinieron con una serie de pedidos sociales y económicos supuestamente para “salvar Bolivia”, pero luego olvidaron su pliego y exigieron la dimisión de Paz.
Con la llegada de la marcha evista se desataron enfrentamientos entre policías y marchistas; además del ataque por parte de los movilizados hacia ciudadanos y periodistas. Desde entonces, las medidas de presión escalaron hacia el cerco de La Paz con bloqueos en rutas estratégicas, vigilia permanente en el centro paceño y más marchas de protesta, muchas de ellas continuaron provocando hechos de violencia.
A partir del 15 de mayo, el conflicto entró en su etapa más crítica. Los bloqueos comenzaron a provocar desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en La Paz y El Alto.
El 18 de mayo, cinco movilizaciones confluyeron en el centro paceño con la intención de avanzar hacia plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo. La jornada derivó en hechos de violencia, agresiones a policías, periodistas y ciudadanos, además de más de un centenar de arrestados.
Por los actos vandálicos, la Fiscalía inició procesos penales contra dirigentes como Argollo, Apaza y el dirigente de los Ponchos Rojos Bernabé Gutiérrez. Todos ellos cuentan con órdenes de aprehensión.
En respuesta, el Gobierno endureció su discurso. Rodrigo Paz calificó las protestas como “sicariato sindical” y posteriormente aseguró que no dialogaría con “vándalos”.
El factor “evista”
El rol de expresidente Evo Morales fue muy visible cuando la justicia puso fecha y hora para el inicio de su juicio oral por el caso donde se lo investiga por sostener una relación sentimental con una adolescente de 15 años y embarazar a esa menor en el 2015. El exmandatario dijo que no asistirá a la audiencia y comunicó el inicio de la marcha de sus seguidores a La Paz supuestamente para “salvar Bolivia”.
El juez declaró a Morales rebelde y ordenó su aprehensión. El exmandatario continúa haciendo sus apariciones públicas a través de un radioemisora local en el Trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por sus seguidores.
El jefe de Estado aseguró que será aprehendido, tarde o temprano, para que responda ante la justicia.
Un conflicto que superó sus demandas originales
Aunque el conflicto comenzó por una ley agraria específica, la crisis acumuló rápidamente otras demandas vinculadas al deterioro económico, la eliminación de la subvención a los combustibles, denuncias sobre gasolina de mala calidad, reclamos salariales y cuestionamientos políticos al Gobierno.
Hoy, tras casi un mes de protestas, las organizaciones movilizadas mantienen como principal exigencia la salida anticipada de Rodrigo Paz, mientras el Ejecutivo insiste en convocar al diálogo y advierte con aplicar la ley para restablecer el orden.
La crisis boliviana también generó repercusiones internacionales. Estados Unidos y varios gobiernos de la región respaldaron al Gobierno constitucional, mientras otros actores regionales legitimaron las protestas como una reacción social frente a la crisis económica y política.
Fuente: ANF
