Potosí, Kollasuyo Digital
Un escándalo de presunta corrupción y encubrimiento sacude a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Potosí, luego de que la secretaria de Desarrollo Humano denunciara la existencia de una supuesta red de abogados que habría lucrado con casos de violación, estupro y violencia familiar.
El alcalde Williams Cervantes reveló que varios procesos desaparecían de los registros institucionales y terminaban en manos de abogados particulares, pese a que debían ser atendidos gratuitamente y denunciados ante el Ministerio Público.
Según la denuncia planteada por Alejandra Sivila, los implicados habrían manipulado los sistemas internos para borrar procesos y derivar los casos a dos presuntos consorcios jurídicos identificados por la Alcaldía. Mientras tanto, las víctimas quedaban desprotegidas y sin acceso a justicia.
Lo más grave del caso, según la autoridad municipal, es que denuncias de violación y agresiones sexuales contra menores de edad habrían terminado en conciliaciones irregulares, algo completamente prohibido por ley.
La denuncia apunta a que menores víctimas de abuso sexual fueron retornadas a entornos de riesgo, pese a que las Defensorías tienen la obligación legal de protegerlas y activar procesos penales inmediatos.
Se anunció una auditoría total de los expedientes y la redistribución de todos los casos entre los 12 abogados que actualmente trabajan en las Defensorías, debido a que —según afirmó— “no se estaba atendiendo como se debe”.
Por: Víctor Hugo Calizaya
