La Paz, 14 de mayo de 2026 (ANF).- Los bloqueos y paros registrados durante el último mes contra el gobierno de Rodrigo Paz dejaron una estela de afectaciones económicas, sociales y humanas que volvió a poner en debate los límites del derecho a la protesta y la responsabilidad estatal frente a la conflictividad. El aumento de precios, el desabastecimiento parcial de alimentos y combustibles, la paralización del transporte y las dificultades para acceder a servicios de salud evidenciaron el alto costo que pagan miles de ciudadanos ajenos a las disputas políticas.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, sostuvo que el costo humano de los conflictos “es altísimo” y recae principalmente sobre personas que no participan directamente de las movilizaciones. A su juicio, en Bolivia se ha instalado una lógica en la que el sufrimiento de la población se utiliza como mecanismo de presión política.
“Los derechos de unos terminan imponiéndose sobre los de otros”, advirtió la activista a ANF. Según Herrera, comerciantes, choferes, trabajadores informales y pequeños emprendedores son algunos de los sectores más golpeados porque dependen del ingreso diario para sostener a sus familias.
Durante las semanas de bloqueos, miles de personas tuvieron que caminar largas distancias debido a la reducción del transporte público, mientras otros quedaron varados en carreteras sin acceso regular a alimentos o servicios básicos.
El docente investigador de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Raúl España, explicó que el costo social de la conflictividad afecta de manera diferenciada a los actores involucrados. Señaló que existen movilizaciones motivadas por demandas legítimas, cuyos participantes asumen sacrificios personales y económicos reales, pero también protestas donde algunos actores reciben pagos o incentivos, transformando la movilización en un mecanismo funcional a intereses políticos o sectoriales.
Para España, el problema central aparece cuando el conflicto termina afectando derechos fundamentales de terceros. “El límite se rebasa cuando no pueden pasar ambulancias, medicamentos o alimentos”, afirmó el académico en entrevista con ANF.
Recordó que existen protocolos internacionales y disposiciones constitucionales que garantizan la libre circulación y el acceso a la salud, pero lamentó que con frecuencia estos mecanismos no sean respetados ni por los movilizados ni por el propio Estado.
Durante las jornadas de protesta, algunos medios reportaron retrasos en el traslado de ambulancias y dificultades para distribuir medicamentos e insumos médicos. Herrera consideró que impedir el paso de oxígeno, atención médica o transporte para enfermos y mujeres embarazadas constituye una vulneración directa del derecho a la vida.
La escalada de tensión también tuvo un impacto visible en la economía familiar. El investigador y exvocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia y Derechos Humanos (Conade), Manuel Morales, sostuvo que uno de los efectos más inmediatos de los bloqueos es el incremento de precios en productos básicos.
“El pollo llegó a costar hasta 70 bolivianos en algunos lugares debido a la escasez”, indicó a ANF.
Según Morales, la inflación provocada por la interrupción del transporte golpea especialmente a los hogares de menores ingresos, que destinan gran parte de sus recursos a la alimentación.
Los conflictos también afectaron sectores considerados estratégicos para la economía nacional. El turismo registró cancelaciones y pérdidas debido a las dificultades de circulación entre departamentos.
Morales señaló que la conflictividad permanente genera además un deterioro institucional y político. En su criterio, el Estado enfrenta una sensación constante de frustración porque las medidas de presión paralizan proyectos, leyes y políticas públicas. Sin embargo, considera que gran parte de la responsabilidad recae en la falta de prevención gubernamental.
“El bloqueo no es el problema de fondo, sino la consecuencia de demandas no atendidas”, afirmó Morales.
A su juicio, muchos conflictos podrían evitarse si las autoridades actuaran de manera oportuna frente a reclamos relacionados con combustibles, economía o normas específicas antes de que las tensiones escalen.
Herrera coincidió en que existe una falla tanto de las dirigencias sociales como del Gobierno. Criticó la ausencia de estrategias efectivas de prevención y manejo de conflictos, así como el uso recurrente de la presión inmediata por parte de ciertos sectores movilizados. Según la activista, las dirigencias han ido abandonando los espacios de diálogo y negociación para privilegiar medidas de hecho cada vez más radicales.
Afectación emocional y deterioro democrático
Herrera también alertó sobre los efectos emocionales y sociales que dejan los conflictos prolongados. Explicó que muchas familias viven con angustia permanente por temor a la violencia o a posibles represiones durante las protestas. “Existe un desgaste psicológico profundo”, sostuvo.
A ello se suma, según Herrera, una creciente cultura de confrontación y odio social. Considera que la anulación de las necesidades de terceros durante los bloqueos alimenta resentimientos, rabia y discursos discriminatorios que terminan profundizando fracturas históricas en el país.
En medio de la polarización, la dirigente observó el resurgimiento de narrativas racistas y regionalistas vinculadas al origen, la identidad política o el color de piel. También cuestionó la utilización de términos políticos como insultos destinados a descalificar al “otro” y reducir el debate público a una lógica de enemigos irreconciliables.
España, por su parte, advirtió sobre el deterioro democrático que implica exigir la renuncia de autoridades elegidas mediante voto popular como mecanismo de resolución de conflictos. Desde su perspectiva, la incapacidad estatal para hacer cumplir las normas y garantizar derechos revela una debilidad institucional persistente.
Morales añadió que el costo político se profundiza cuando el Gobierno responde a las protestas con discursos que califican las movilizaciones como actos de “sedición” o “conspiración”, en lugar de atender las causas estructurales del descontento social.
Para Herrera, la consecuencia más grave sigue siendo la pérdida de vidas humanas y la normalización de la violencia como mecanismo de presión política. “Cada conflicto deja heridas sociales que luego alimentan nuevos conflictos”, advirtió.
Bolivia vive una jornada de protestas protagonizada por la COB, cooperativistas mineros, campesinos, maestros urbanos y rurales, juntas vecinales y sectores afines a Evo Morales. Sus demandas incluyen incremento salarial del 20%, solución al desabastecimiento de combustibles y la gasolina “basura”, rechazo a supuestas leyes privatizadoras, defensa de la canasta familiar y, en varios casos, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones incluyen marchas, bloqueos y cercos en La Paz.
Fuente: ANF
