- La legisladora asegura que las oficinas de la Presidencia permanecen cerradas con candado
Potosí, Kollasuyo Digital
La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP) se encuentra sumergida en un nuevo conflicto de poderes. La presidenta legalmente electa, Jhenny Quisbert Salvatierra, denunció públicamente que se le está impidiendo ejercer sus funciones debido a que las oficinas de la Presidencia permanecen cerradas con candado por orden de la directiva saliente.
Según las declaraciones de Quisbert, su designación se realizó cumpliendo estrictamente con el Reglamento General y los procedimientos internos de la Asamblea. Sin embargo, acusó al expresidente de la institución de negarse a realizar la transferencia de activos y de mantener el despacho presidencial clausurado, lo que impide el flujo normal de correspondencia, la firma de resoluciones y la atención a las demandas de las provincias.
“He sido elegida conforme a norma, pero lamentablemente el expresidente mantiene las oficinas bajo llave. Esto no es un ataque personal hacia mi figura, es un obstáculo al normal desarrollo de las actividades del ente legislativo y un perjuicio para todo el departamento de Potosí”, sentenció la autoridad.
Esta situación genera una profunda preocupación en el ámbito político potosino, ya que la parálisis en la ALDP afecta directamente la fiscalización y la aprobación de presupuestos necesarios para la Gobernación. La falta de acceso a la oficina presidencial implica que no se pueden convocar a sesiones ordinarias de manera formal, los trámites administrativos de los asambleístas de las 16 provincias están detenidos y existe riesgo de pérdida de documentación oficial sensible.
Este incidente no es aislado. La ALD de Potosí ha sido escenario de constantes disputas entre las bancadas del Movimiento al Socialismo (MAS), divididas entre “evistas” y “arcistas”, además de agrupaciones ciudadanas. El control de la directiva es clave para la gestión de proyectos regionales y la designación de autoridades interinas, lo que explica la resistencia de la directiva saliente a ceder el espacio físico.
Quisbert anunció que, de persistir esta medida de presión “arbitraria”, acudirá a las instancias legales correspondientes para solicitar la apertura forzosa de las oficinas por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de impedimento al ejercicio de funciones públicas.
La temporada electoral y la candidatura del gobernador interino Marco Antonio Copa, sin haber renunciado a este cargo público, aceleró el interés de sacar de la presidencia de la Asamblea a Gover Yelma y con esto procurar de igual forma cambiar a Copa en la recta final de la legislatura.
Thamara Oliden
