- El conflicto por derechos de explotación derivó en el uso de dinamita y dejó mujeres y adultos mayores entre los heridos
Potosí, Kollasuyo Digital
Un conflicto familiar por el control de la bocamina Santiago, en el municipio de Porco, dejó un saldo de 18 personas heridas tras un violento enfrentamiento que obligó la intervención de oficio del Ministerio Público.
De acuerdo con el reporte oficial, la disputa por una veta minera escaló rápidamente de una discusión doméstica a un choque violento entre miembros de una misma familia, quienes utilizaron objetos contundentes como piedras y cascos, además de armamento artesanal.
Las autoridades confirmaron el uso de dinamita, gases lacrimógenos y otros objetos contundentes, generando pánico en la zona y alarma entre los pobladores.
El fiscal de materia, Juan Ramón Jiménez, informó que entre los heridos se encuentran mujeres y adultos mayores. “El caso más delicado es el de una mujer con fractura de tibia; sin embargo, todos los lesionados fueron evacuados y se encuentran bajo observación médica en centros de salud de la región”, precisó.

La Fiscalía Departamental de Potosí inició la investigación tras la viralización de videos en redes sociales que evidenciaban explosiones y gritos de auxilio en el sector.
El Ministerio Público tipificó inicialmente el caso por los presuntos delitos de lesiones graves y leves, además de portación y tenencia ilícita de explosivos, ilícito que contempla sanciones severas en la normativa penal boliviana debido al riesgo público que implica.
“Se procederá a la toma de declaraciones formales a víctimas y testigos para identificar a los instigadores y autores materiales”, añadió el fiscal, remarcando que no se tolerará el uso de explosivos en conflictos civiles.
El municipio de Porco, ubicado a 52 kilómetros de la capital potosina, es una de las zonas mineras más antiguas y activas del departamento. Si bien los conflictos por colindancias y derechos de explotación son recurrentes, la gravedad de este hecho —al involucrar lazos consanguíneos y explosivos— encendió las alertas de autoridades mineras y policiales.
Actualmente, se reforzó la seguridad en inmediaciones de la bocamina Santiago para evitar posibles represalias. La comunidad espera la intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a fin de dirimir legalmente la titularidad del yacimiento y frenar la escalada de violencia.

