Romero aseguró que, en hospitales de referencia, como el Hospital de la Mujer, los pacientes deben asumir costos diarios de entre 1.500 y 2.000 bolivianos por recetas de terapia intensiva debido al desabastecimiento.
La Paz, 14 de febrero de 2026 (ANF).- A más de tres meses del inicio del gobierno de Rodrigo Paz, el sistema de salud pública se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación para el sector médico y activistas. Mientras el Ejecutivo destaca la apertura de diálogo y la construcción de un nuevo modelo sanitario, las voces del sector oscilan entre la expectativa prudente y la denuncia de un inminente colapso hospitalario.
El representante del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, planteó una lectura institucional marcada por el “optimismo cauteloso”. A su juicio, el actual periodo debe entenderse como una etapa de transición necesaria tras una gestión anterior que dejó al sistema “muy depauperado”. Sin embargo, admitió que los avances son todavía “muy lentos”.
Larrea destacó como un cambio relevante la apertura del Ministerio de Salud, ahora a cargo de Marcela Tatiana Flores, hacia el diálogo técnico con el gremio médico.
“Estamos trabajando en talleres nacionales para diseñar un nuevo modelo de gestión. Eso no ocurría desde hace décadas”, afirmó en contacto con ANF. Según explicó, el Colegio Médico participa activamente en la construcción de lineamientos que apuntan a una reforma estructural del sistema.
El dirigente también valoró que se haya superado lo que denomina un ambiente hostil hacia los profesionales bolivianos. “Ya no existe esa confrontación permanente ni la priorización de médicos extranjeros por encima del recurso humano nacional”, sostuvo, en alusión al clima de tensión que se marcó en gobiernos anteriores.
No obstante, Larrea advirtió que aún no se observan cambios trascendentales en los niveles jerárquicos del aparato sanitario. “Siguen en cargos altos funcionarios del gobierno anterior. Esa es una señal negativa”, subrayó.
Estimó que los resultados tangibles recién podrían empezar a verse a partir del sexto mes de gestión, cuando el nuevo modelo comience a traducirse en decisiones administrativas concretas.
Reunión del Colegio Médico con las autoirdades del Ministerio de Salud. Foto: Min. Salud
En contraste, el exejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes La Paz), Fernando Romero, ofreció una evaluación mucho más severa. Para él, el sistema atraviesa una “crisis terrible” que incluso supera la vivida en la administración de Luis Arce.
“No hay medicamentos para emergencias, ni para quirófanos, ni para laboratorios. Estamos trabajando al límite”, denunció en entrevista con ANF.
Romero aseguró que, en hospitales de referencia, como el Hospital de la Mujer, los pacientes deben asumir costos diarios de entre 1.500 y 2.000 bolivianos por recetas de terapia intensiva debido al desabastecimiento.
“Eso es inadmisible en un sistema público. La gente no puede pagar y termina abandonando tratamientos”, afirmó.
El dirigente también cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en las mesas de trabajo de diciembre pasado. Entre ellos, la liberación de aranceles para medicamentos, facilidades para donaciones, incremento de personal y mejoras salariales mediante la institucionalización de cargos.
“Nada de eso se ha concretado. Solo fueron anuncios”, sostuvo.
Atribuyó la escasez de fármacos a la falta de desembolsos para compras y a la ausencia de control sobre los precios de importación. Además, alertó sobre el deterioro de equipos vitales. “Hay sistemas de esterilización a punto de colapsar. Si eso falla, el riesgo para los pacientes es enorme”, advirtió.
Ante este panorama, anunció que el sector se encuentra en estado de emergencia y no descartó bloqueos y protestas en los próximos días.
Hospital de Santa Cruz. Foto archivo: El Día
Desde una perspectiva de derechos humanos, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, introdujo un enfoque estructural sobre el tema. Para ella, el problema no es solo de gestión coyuntural, sino de contenido real en las políticas públicas.
Herrera cuestionó que la inauguración de infraestructura hospitalaria no esté acompañada de ítems, equipamiento y medicamentos. “Los edificios son solo una cáscara si no tienen médicos asignados ni insumos suficientes”, afirmó. A su juicio, el Estado mantiene una “deuda altísima” con la población.
La activista sostuvo que existe una vulneración del derecho a la salud por omisión, al no garantizar el acceso a medicamentos. “Es una forma de incumplir obligaciones básicas. La salud no es un favor, es un derecho”, enfatizó. En su análisis, los anuncios de reforma carecen de concreción presupuestaria y operativa.
El impacto, agregó, recae con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables: los adultos mayores y las personas con discapacidad, que solo reciben medicamentos paliativos, pero no los tratamientos que realmente necesitan para sanar.
Rodrigo Paz entrega equipo médico en hospital de Tarija. Foto archivo: Ministerio de Salud
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Fuente: ANF
