- Por: Waldo Vargas Reyes
De acuerdo a la agenda laboral de la Central Obrera Boliviana (COB), cerca de trescientos dirigentes participarán del ampliado nacional éste miércoles 28 de enero en la ciudad de Sucre, para analizar el proyecto de Ley antibloqueo que se viene tramitando en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En ese sentido, las CODs., al igual que las Confederaciones y Federaciones Sindicales, propiciaron ampliados de análisis sobre este tema “polémico” que va levantando ronchas, tanto para gobernantes y gobernados; y sus resoluciones serán la base para tener una postura orgánica frente a la propuesta normativa relacionada con los bloqueos y las medidas de presión social.
De acuerdo a los datos periodísticos, en la primera vereda de la calle, se tiene el proyecto de Ley (entre otras) presentada por el diputado Carlos Alarcón de Alianza Unidad, que tiene por objeto tipificar el bloqueo en las vías públicas que impidan o estorben el libre tránsito de vehículos y personas como un delito penal grave, estableciendo de 10 a 20 años de cárcel para los infractores. Para su cumplimiento se utilizara la participación directa de la policía o militar para restablecer el orden. Proyecto de Ley, apoyado por algunos conservadores, analistas y políticos que incluso desahuciaron a la COB por su compromiso con el anterior gobierno.
En la otra vereda, las organizaciones sociales y ex líderes sindicales, señalaron en una misma línea que, las protestas y los bloqueos son conquistas históricas del pueblo cuando no encuentra respuesta del Estado o de sus autoridades a sus demandas. Señalando también que, estos instrumentos de lucha fueron utilizadas en 2019, bloqueando calles con pititas, sillas, banderas, llantas de goma o los bloqueos en carreteras convocadas por los comités cívicos que duraron 12, 19, 21 y 32 días. Es decir, demostrando que Bolivia siempre fue conflictiva, sin importarles el daño económico-social que se ocasionaba sino la lucha por el bien común.
De ahí que, en este nuevo escenario los trabajadores advirtieron que no permitirán que estas formas de protesta sean anuladas porque según la Constitución Política del Estado (CPE), toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, así como realizar reclamos y protestas pacíficas. Tomando en cuenta que, este derecho no es absoluto y tiene límites; especialmente no debe implicar, el avasallamiento ni la lesión de los derechos de los demás como la libre circulación y respeto de los derechos de las terceras personas.
Por otro lado, también se debe tomar en cuenta la posición de la ONU que, expresó su preocupación por la criminalización de la protesta social y la represión de las manifestaciones pacíficas en varios países. Señalando que la protesta pacífica es un derecho fundamental y un medio democrático de participación, pero en muchos casos, los gobiernos recurren a la represión y la violencia para silenciar a los manifestantes. De ahí que, esta organización mundial ha pedido a los gobiernos a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a proteger a los manifestantes de la violencia y la intimidación.
En resumen, este tema complejo, multifacético, está en la mesa del análisis, ante los ojos de la sociedad, las organizaciones sociales, órgano ejecutivo, legislativo y judicial; todo con la esperanza de que reine la cultura de la paz, la democracia, el diálogo, el equilibrio y sobre todo el respeto a la CPE. Por esta razón, los gobernantes deben cumplir sus compromisos y las demandas de todo su pueblo, sin privilegios ni discriminación para evitar el efecto de los bloqueos que son herramientas de última ratio u orden sindical y saber escuchar sus peticiones individuales y colectivas. (Ver arts. 21, 24, y 106.III de la CPE).
Pueblos del Sur, 27 de enero 2026.
