13 de enero de 2026 — El proceso electoral en Honduras atraviesa una fase de alta tensión institucional que amenaza con desbordar el ámbito interno y generar fricciones directas con Washington, particularmente con el presidente Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio. La controversia surge tras la proclamación oficial del ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y una ofensiva política para desconocer ese resultado, que diversas fuentes atribuirían a la abogada Maribel Espinoza, figura vinculada a la campaña del excandidato Salvador Nasralla, quien perdió la elección. Analistas advierten que este intento de forzar un recuento por fuera del marco legal podría abrir un escenario de confrontación similar a otros episodios regionales que han terminado provocando reacciones severas de Estados Unidos, como ocurrió con el régimen de Nicolás Maduro.
El Consejo Nacional Electoral hondureño emitió una resolución oficial en la que proclama como ganador de las elecciones al candidato Nasry “Tito” Asfura, conforme a las atribuciones que la ley hondureña otorga exclusivamente a este órgano. Asfura, respaldado públicamente por el presidente Trump antes de los comicios, fue declarado presidente electo tras semanas de conteo y controversias sobre irregularidades en el proceso.
Sin embargo, el clima político se ha agudizado después de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, promoviera una iniciativa considerada inconstitucional por solicitar un recuento de votos fuera del marco legal, ignorando la competencia exclusiva del CNE y generando un potencial escenario de anulación del proceso o, como mínimo, un fuerte grado de inestabilidad política y jurídica en el país.
Analistas políticos y diversas fuentes coinciden en que detrás de esta ofensiva se encontraría la abogada Maribel Espinoza, figura vinculada a la campaña de Salvador Nasralla, quien perdió la elección, y ahora señalada como impulsora de maniobras para desconocer los resultados oficiales. Según estas fuentes, Espinoza estaría liderando las negociaciones con sectores afines al expresidente Manuel Zelaya con el objetivo de construir una alianza que permita anular los comicios o forzar un nuevo escenario político.
Este conflicto adquiere una dimensión internacional no solo por el respaldo previo de Trump a Asfura, que colocó a Honduras bajo la lupa de Washington, sino también porque la actual crisis puede ser interpretada como un desafío directo a la voluntad expresada por el presidente estadounidense y su administración. Estados Unidos, a través de figuras como Marco Rubio, ha buscado consolidar relaciones con Asfura y profundizar la cooperación bilateral, incluso en momentos de reclamos por un nuevo conteo total de votos en Honduras.
El contexto actual se hace extremadamente relevante a partir del reciente episodio en Venezuela, donde en una inédita operación militar, el ejército de Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro quien actualmente enfrenta a la justicia estadounidense en la ciudad de Nueva York.
Por ello, los catalogados “juegos políticos”, en los que actores internos intentan reconfigurar o revocar resultados electorales con impactos externos, no son bien vistos ni por Trump ni por Rubio, y pueden acarrear consecuencias diplomáticas y de política exterior de amplio alcance.
En este sentido, la persona que estaría jugando con la estabilidad del proceso democrático hondureño, desafiando la institucionalidad y potencialmente provocando una respuesta adversa de Estados Unidos, es la abogada Maribel Espinoza. Más allá de su rol político actual, Espinoza ha sido objeto de controversias públicas por su trayectoria profesional y relaciones con el sistema judicial hondureño. Informes periodísticos han documentado que entre 2009 y 2016 fue denunciada por presuntas prácticas de corrupción vinculadas con funcionarios del Poder Judicial, en casos donde, como representante legal de grandes intereses financieros, habría obtenido decisiones favorables que costaron al Estado cientos de millones de lempiras, generando críticas sobre la manipulación de la justicia a favor de grupos poderosos.
La combinación de una disputa interna por el poder y las posibles desavenencias con la administración estadounidense coloca a Honduras en un momento crítico. Si no se resuelve con base en las normas constitucionales, esta crisis podría redundar en una escalada de tensiones diplomáticas y geopolíticas en el hemisferio occidental, con repercusiones para la legitimidad democrática en una región aún sensible a influencias externas y a la defensa del estado de derecho.
