• Entre las víctimas se encuentran seis adolescentes, según reportes oficiales
Potosí, Kollasuyo Digital
En la gestión 2025 se registraron 121 fallecimientos por trabajo minero en el departamento de Potosí, cifra que supera los 116 decesos reportados durante 2024. Entre las víctimas se encuentran seis adolescentes, de acuerdo con la información proporcionada por la Delegada Defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón Del Río, en base a reportes de la Policía Boliviana.
La autoridad defensorial señaló que, pese a que la Federación de Mineros emitió un instructivo prohibiendo la contratación de menores de edad y advirtiendo sanciones para las cooperativas que incumplan, todavía existen unidades productivas que continúan incorporando adolescentes al trabajo en interior mina, vulnerando la normativa nacional, que prohíbe estas labores por considerarlas una de las peores formas de trabajo infantil.
En ese contexto, Alarcón explicó que la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento y verificaciones junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Jefatura Departamental de Trabajo, tanto en Potosí como en el municipio de Porco, donde también se evidenció la presencia de menores trabajadores. Recomendó a las cooperativas mineras reforzar el control interno y socializar la normativa vigente entre sus afiliados.
Asimismo, destacó que muchos adolescentes ingresan al trabajo minero por necesidad económica y, en algunos casos, para sostener a sus familias. Sin embargo, advirtió que el riesgo en interior mina es alto incluso para trabajadores con experiencia, por lo que la presencia de menores implica un peligro mucho mayor.
La Delegada Defensorial indicó que varios de los adolescentes identificados provienen no solo de provincias potosinas, sino también de otros departamentos como Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, llegando principalmente durante el periodo de vacaciones escolares.
Finalmente, anunció que durante esta gestión se coordinarán talleres de sensibilización con FEDECOMIN y se continuará con operativos de verificación, exigiendo a las instituciones competentes cumplir su rol de protección. Recordó que cada fallecimiento no solo representa una cifra, sino la pérdida de proyectos de vida y un profundo impacto en familias enteras.
