- Por Waldo Vargas Reyes
Luego de que el Gobierno de Rodrigo Paz, promulgara el DS 5503, el cual establece la anulación de la subvención a los hidrocarburos y la elevación del costo de la gasolina Especial de Bs 3,72 a Bs 6,96 el litro; el diésel de Bs 3,74 a Bs 9,80 el litro y la gasolina Premium costará Bs 11 el litro, volvió la sombra de la incertidumbre y la especulación que tendrá consecuencias devastadoras en el precio de la canasta familiar, que ya es inaccesible para miles de familias bolivianas.
Más allá del anuncio de las medidas “paliativas” como es el incremento del salario mínimo a Bs 3.300, alzas en bonos sociales como la Renta Dignidad (Bs 500) y el Bono Juancito Pinto (Bs 300), señalan algunos analistas económicos que estas vienen hacer contradictorias ya que no ayudan a reducir el déficit fiscal que fue propuesto por el actual gobierno en su campaña electoral; y, por otro lado las organizaciones sociales manifiestan que estas cifras de “colchón” son insuficientes frente al aumento del costo de vida y excluyen a los desocupados y cuentapropistas que viven al día. Asimismo, Mientras las autoridades hablan de “ajustes necesarios” y “orden fiscal”, la realidad en las calles es otra, en cuestión de horas, el dólar paralelo se disparó por encima de los Bs 11, una medida que ha sacudido la confianza ciudadana y que hoy refleja el miedo económico que se apodera de la población.
En ese contexto y a escasas horas del famoso paquete económico, hizo que muchas familias invadieran los diferentes mercados de abasto con el miedo de que los productos de consumo se disparen por los cielos, como el precio de los pasajes que ya fueron incrementados en más del 200 % de manera unilateral sin que exista autoridad alguna que ponga orden y se respeten los precios establecidos por ley.
De ahí que, para evitar el descalabro de los precios y devaluación que tendrá un efecto domino en todos los productos y servicios a raíz del incremento en el costo de los combustibles, la Confederación del Transporte Boliviano, Magisterio, Central Obrera Boliviana, organizaciones cívicas, entre otras, dieron al Gobierno veinticuatro horas para derogar el DS relacionada principalmente al tema de la anulación de la subvención a los hidrocarburos y que ésta debía ser de manera escalonada o de lo contrario se vendrán marchas de protesta y bloqueos que desestabilizaran al gobierno recién elegido.
Por lo que se advierte una vez más que las crisis económicas no suelen reventar por un solo decreto, sino por la acumulación de decisiones desconectadas de la realidad social, entre quienes gobiernan y quienes pagan.
