- La flamante autoridad es oriunda de Oruro
Sucre, Kollasuyo Digital
La magistrada Paola Verónica Prudencio fue elegida como la nueva presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión fue unánime en la Sala Plena, convocada pocas horas después de que se emitiera una orden de aprehensión contra los magistrados autoprorrogados.
Prudencio informó que, durante la sesión realizada antes del acto de posesión, con la presencia de los cuatro magistrados electos, Prudencio, Ángel Edson Dávalos, Amalia Laura Villca y Boris Wilson Arias, se acordaron varias medidas para evitar que el TCP se convierta en “un instrumento de presión”.
Las determinaciones incluyen la conformación de salas y la comisión de admisión; la transmisión pública de los sorteos de expedientes; la unificación jurisprudencial y la acumulación de expedientes para reducir la carga procesal; y el tratamiento de los reglamentos de funcionamiento de la Sala Plena, de la comisión de admisión y del reglamento de advocaciones, que serán publicados en la página institucional del TCP. También se ordenó la reestructuración y convocatoria pública para los cargos jurisdiccionales y administrativos, así como la realización de auditorías internas.
Otro punto importante es la revisión del presupuesto del tribunal para aplicar medidas de austeridad y el levantamiento del cerco de seguridad del TCP. “Este Tribunal Constitucional Plurinacional ya no será un órgano de persecución, ni velará por intereses subjetivos particulares, sino que retoma su rol verdadero como garante”, apuntó Prudencio.
Cuando no se realizaron las elecciones judiciales en 2023, el 11 de diciembre de ese año el TCP emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que autorizaba a los magistrados a permanecer en el cargo hasta la realización de los comicios. Sin embargo, en 2024, tras la votación, cinco de los integrantes del tribunal continuaron en funciones.
Eso cambió este martes, cuando por la tarde el TCP emitió un auto constitucional que dispuso la finalización de la prórroga de las autoridades que habían extendido sus funciones, y denunció que “varios actores políticos han buscado en los últimos años someter a la justicia y al Tribunal a intereses personales de poder”. Inmediatamente después, la Sala Constitucional Primera de Potosí dio curso a una acción popular mediante la cual determinó el cese inmediato de dichas autoridades y dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Al finalizar la tarde, un juzgado del municipio de La Guardia emitió órdenes de aprehensión contra cuatro de los magistrados autoprorrogados y activó alertas migratorias.
