- Empresarios denuncian que no existe un plan de desarrollo a largo plazo
Potosí, Kollasuyo Digital
La Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP) expresó su preocupación ante el nuevo gobierno nacional, señalando que la falta de seguridad jurídica y una alta carga impositiva están frenando el desarrollo económico del departamento, especialmente en el sector minero, considerado el motor productivo de la región.
En declaraciones recientes, Marisol Guzmán, vicepresidenta de la FEPP, afirmó que “sin seguridad jurídica, nadie va a querer invertir en Bolivia, y menos en Potosí, donde dependemos de nuestros recursos mineralógicos”. Guzmán destacó que el empresariado local necesita capital externo para dinamizar la economía, pero que las condiciones actuales no son atractivas para los inversionistas.
La preocupación del sector privado se sustenta en cifras alarmantes: el 40% de las empresas privadas en Potosí cerraron sus operaciones en 2025, principalmente por la escasez de dólares y la falta de garantías legales para operar. Casos como el del proyecto minero Silver Sand, operado por NPM Minerales con capital canadiense, ilustran esta situación. La empresa advirtió que podría abandonar Bolivia debido al avasallamiento de sus concesiones y la ausencia de protección estatal, poniendo en riesgo una inversión de 350 millones de dólares.
A pesar de que Potosí lidera la recaudación minera nacional con 779 millones de bolivianos en regalías entre agosto y septiembre de 2025, los empresarios denuncian que no existe un plan de desarrollo a largo plazo que permita convertir esta bonanza en progreso sostenible. “Tenemos recursos, pero no condiciones para atraer inversión”, lamentó Guzmán.
En el ámbito tributario, el empresariado potosino reclama una reforma fiscal urgente. Actualmente, las empresas mineras pagan hasta 37.5% de impuestos, mientras que las comerciales e industriales enfrentan una carga del 25%, cifras que, según Guzmán, “estrangulan al sector privado”. Aunque el gobierno ha implementado medidas como la exención del IVA para bienes de capital y plantas industriales destinadas a la minería y otros sectores estratégicos, los empresarios consideran que se necesita una política más integral que incluya incentivos impositivos, simplificación administrativa y protección legal.
El nuevo presidente electo, Rodrigo Paz, ha anunciado una cumbre empresarial y reformas fiscales orientadas a la producción nacional, incluyendo la eliminación de controles de precios y el “abuso tributario”. Sin embargo, el empresariado potosino espera que estas promesas se traduzcan en acciones concretas que permitan recuperar la confianza de los inversionistas y evitar más cierres de empresas.
La FEPP y otras organizaciones empresariales han convocado a un Diálogo Económico Departamental, con el objetivo de presentar propuestas al gobierno y exigir condiciones que permitan a Potosí aprovechar su potencial minero sin seguir perdiendo oportunidades por falta de seguridad jurídica.
