* Comenzará el 8 de diciembre próximo y finalizará el 1 de enero del 2026
Potosí, Kollasuyo Digital
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí informó que la vacación judicial colectiva para la gestión 2025 se cumplirá entre el lunes 8 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026, con reincorporación de actividades el viernes 2 de enero de 2026, según lo establece el artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial (Ley 025) y el Acuerdo de Sala Plena N° 552/2025.
Durante este periodo, todos los plazos procesales quedarán suspendidos, reanudándose automáticamente al retorno de las labores judiciales.
Sin embargo, se garantizará la atención mínima mediante juzgados y salas de turno en materias penal, civil, familiar, niñez y adolescencia, además de conciliadores en provincias como Uncía y Atocha, según el comunicado oficial.
NORMATIVA Y ALCANCE
La Ley 025 y la Ley 810 establecen que los operadores judiciales gozarán de 25 días calendario de descanso anual colectivo, regulado por el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales, en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Durante la vacación, se suspenden audiencias y ejecución de mandamientos, salvo casos urgentes, para evitar vulneración de derechos fundamentales.
IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Este receso judicial busca garantizar el derecho al descanso del personal judicial, pero también genera efectos en la carga procesal.
Según el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2023, el país enfrenta una alta congestión: más del 70% de los procesos penales y civiles presentan retrasos, y la vacación judicial contribuye a la acumulación de casos pendientes.
Para mitigar este impacto, el Ministerio Público anunció que continuará trabajando durante la vacación, emitiendo resoluciones conclusivas en procesos penales preliminares, como parte de un plan para reducir la mora judicial.
CONTEXTO NACIONAL
En Bolivia, la vacación judicial colectiva se aplica en todos los departamentos durante diciembre, con juzgados de turno habilitados para atender causas urgentes. Esta medida responde a la necesidad de descanso del personal judicial, pero también ha sido objeto de debate por su incidencia en la retardación de justicia, uno de los principales problemas del sistema judicial boliviano.
