* Denuncian que pagó 9.000 dólares con la esperanza de volver a su natal Santa Cruz para estar junto a su hijo de cinco años
Potosí, Kollasuyo Digital
El feminicidio de la suboficial Jenny Wendy Machicado Tito, de 47 años, ha conmocionado a la sociedad potosina y boliviana, no sólo por la brutalidad del crimen, sino también por las denuncias que emergen en torno a presuntas irregularidades dentro de la institución policial.
Wendy fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en la calle Bustillos del centro de Potosí, el lunes pasado, recostada del lado derecho sobre su cama en su habitación, con signos de violencia y lesiones en el rostro.
La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación y se presume que el crimen ocurrió en la una y dos de la madrugada del sábado 25 de octubre, tras asistir a un concierto de rock en el que se consumieron bebidas alcohólicas.
EL SOSPECHOSO: UN CHÓFER CON VÍNCULOS SENTIMENTALES
El principal sospechoso del crimen fue plenamente identificado por la Fiscalía y la Policía Boliviana. Se trata de un transportista que realiza viajes frecuentes por todo el país, quien mantenía una relación sentimental con la víctima y tenía antecedentes de agresiones físicas contra ella.
Las cámaras de seguridad captaron a Wendy junto a este individuo pocas horas antes de su muerte; por lo que, el Ministerio Público emitió un mandamiento de aprehensión y la Policía ha difundido imágenes del sospechoso para facilitar su captura a nivel nacional.
UNA MADRE QUE LUCHABA POR ESTAR CON SU HIJO
Wendy deja en la orfandad a un niño de cinco años, quien vive en Santa Cruz. Desde su traslado a Potosí en enero de 2024, la suboficial solicitó en dos ocasiones su retorno a Santa Cruz para estar cerca de su hijo; pero sus pedidos fueron ignorados. Según testimonios de sus allegados, Wendy consideraba su cambio de destino – de Santa Cruz a Potosí – como un castigo institucional.
DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN: PAGOS POR TRASLADO
Una amiga cercana de Wendy denunció públicamente que la suboficial fue estafada en tres ocasiones por personas vinculadas a altos mandos policiales, quienes le habrían exigido pagos para gestionar su traslado.
Según esta fuente, Wendy pagó un total de 9.000 dólares en montos de 3.000, 2.500 y 3.500 dólares, el último de ellos el 24 de septiembre pasado, con la promesa de que su memorándum sería firmado – presuntamente por el propio comandante general de la Policía, general Augusto Juan Russo Sandoval – si cumplía con el pago.
“Ella nos pidió a sus amigos que le ayudáramos. Yo personalmente le mandé la plata”, declaró la denunciante, quien anunció que revelará los nombres de los implicados en su debido momento.
CLAMOR POR JUSTICIA E INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL
La muerte de Wendy generó un fuerte llamado a la acción por parte de organizaciones como la Casa de la Mujer, Derechos Humanos, la Fiscalía, y la Contraloría General del Estado, para que se investigue no solo el feminicidio, sino también las presuntas redes de corrupción y negligencia institucional que rodean el caso.
UN CRIMEN QUE NO PUEDE QUEDAR IMPUNE
El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio Mendoza, confirmó que este es el sexto caso de feminicidio en Potosí en lo que va del año. La indignación crece entre familiares, colegas y la ciudadanía, quienes exigen que se haga justicia por Wendy y se proteja a otras mujeres que, como ella, enfrentan violencia y abandono institucional.
Hoy el cuerpo de Wendy es velado en el Distrito Municipal N° 12 – Zona El Palmar, en la capital cruceña, hasta donde fue trasladado su cuerpo tras el velorio realizado en la capital potosina.
Entre llantos, sus allegados exigen justicia y cuestionan que la víctima haya solicitado sin éxito su transferencia para poder reunirse con su hijo de cinco años que hoy queda en la orfandad.
