El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó hoy que la denuncia presentada por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por la presunta comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, conforme a procedimiento legislativo, se defina la situación jurídica de los sindicados. La determinación fue asumida por la Fiscal Analista de Chuquisaca en apego a la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 044 (Ley Procesal para el Juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial).
“De acuerdo al análisis de la fiscal asignada al caso y en aplicación de la Ley N.º 044 (Ley Procesal para el Juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial), así como del Auto de Vista emitido por una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que determinó la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscal Analista de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, dispuso remitir la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que determinen la situación jurídica de los sindicados”, sostuvo Mariaca.
La Máxima Autoridad del Ministerio Público, explicó que, dentro de los plazos legales correspondientes, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca analizó todos los antecedentes del caso, tomando en cuenta incluso decisiones jurisdiccionales previas para poder asumir una determinación que no vulnere el procedimiento.
“El Ministerio Público no tiene atribuciones para procesar ni destituir a autoridades electas conforme al mandato constitucional. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano competente, la que debe analizar y decidir la situación jurídica de los magistrados denunciados. Si la Asamblea emite un informe para que el Ministerio Público pueda actuar, lo haremos, siempre dentro del marco de la legalidad”, aseguró la autoridad.
Fuente: FGE
