- Se registraron más de 1.200 denuncias por avasallamiento de tierras en todo el país
Potosí, Kollasuyo Digital
En cumplimiento de una resolución constitucional ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre, autoridades judiciales y comunales ejecutaron un operativo de desalojo y desapoderamiento en la zona de Rullo Ckucho, jurisdicción del Ayllu de Cantumarca. La acción fue acompañada por el juez cantonal del ayllu Guido Cruz, quien dio por menores sobre la ardua gestión para lograr la recuperación de terrenos invadidos ilegalmente desde 2021 y 2022 por particulares que no contaban con autorización legal ni títulos de propiedad.
El operativo incluyó la demolición de al menos 17 estructuras precarias, construidas por personas que habrían adquirido los terrenos presuntamente de manera irregular a través de los señores Johnny Copa, Zacarías Copa y Adrián Colque. “Estos terrenos son parte del territorio ancestral del Ayllu de Cantumarca. Fueron vendidos sin respaldo legal y ocupados por la fuerza, generando enfrentamientos y conflictos desde hace más de tres años”, explicó Cruz durante la intervención.
Avasallamientos: un problema creciente en Bolivia
Según datos del Viceministerio de Defensa de los Derechos Reales, entre 2020 y 2024 se registraron más de 1.200 denuncias por avasallamiento de tierras en todo el país, siendo Potosí uno de los departamentos con mayor incidencia. Solo en 2023, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reportó 86 casos activos en la región, muchos de ellos en zonas periurbanas y comunidades originarias.
El Código Penal boliviano tipifica el avasallamiento como delito en su artículo 351 bis, estableciendo penas de hasta ocho años de prisión para quienes ocupen predios sin autorización, especialmente si se trata de tierras comunitarias o fiscales.
Se prevé demoler más de 17 estructuras
Durante el operativo, se constató que existen al menos 70 construcciones ilegales en Rullo Ckucho, muchas de ellas aún en proceso judicial. Las autoridades anunciaron que, una vez emitidas las sentencias correspondientes, se procederá a su demolición. “Estamos esperando que lleguen las resoluciones para continuar con el retiro de pertenencias y la demolición. Este proceso se hará respetando el debido proceso y los derechos fundamentales”, indicó Cruz.
La comunidad del Ayllu de Cantumarca expresó su respaldo a la medida, señalando que la ocupación ilegal ha generado conflictos internos, deterioro ambiental y fragmentación territorial.
“Defender nuestro territorio es defender nuestra historia, nuestra cultura y nuestra autonomía”, expresó uno de los representantes comunales.
