Un sargento de la Policía Boliviana, identificado como René A.C.T., fue expulsado de manera definitiva de la institución tras comprobarse su responsabilidad en el abuso sexual de tres adolescentes internadas en un centro de rehabilitación para menores en conflicto con la ley, ubicado en una comunidad del departamento de Potosí.
La decisión fue tomada por el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, presidido por el general Édgar Cortez, quien confirmó que el uniformado incurrió en faltas gravísimas al vulnerar la Ley 101, que regula el régimen disciplinario policial.
“Se dio la baja definitiva sin derecho a reincorporación, el mismo estaba relacionado con actos de corrupción de menores de edad”, declaró Cortez.
El hecho ocurrió a finales de enero de 2025, cuando el sargento, en presunto estado de ebriedad, ingresaba durante la madrugada a las habitaciones de las adolescentes, realizando tocamientos indebidos. Las víctimas, que estaban bajo tutela estatal, identificaron plenamente al agresor y denunciaron haber sido amenazadas para guardar silencio.
La denuncia fue presentada por la Directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), lo que permitió la apertura de un proceso penal. El Ministerio Público, a través del fiscal departamental Gonzalo Aparicio, presentó pruebas contundentes como informes psicológicos, registros del lugar del hecho y material fotográfico. Como resultado, el juez de la causa ordenó la detención preventiva del acusado en el penal de Cantumarca, mientras continúan las investigaciones.
Paralelamente, el Ministerio de Gobierno y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia activaron procesos para esclarecer los hechos y brindar apoyo psicológico a las víctimas. Además, se anunció el refuerzo de protocolos de selección y supervisión para los efectivos asignados a centros de acogida y espacios de alta vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, cuenta con una guía especializada para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que establece procedimientos de intervención emocional, social y legal, así como mecanismos de protección integral.
Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han exigido que el caso no quede solo en una sanción administrativa, sino que se impulse una investigación penal rigurosa y se garantice justicia para las víctimas.
