La Paz, 25 de septiembre de 2025 (ANF).- En Cantumarca, a escasos kilómetros de la ciudad de Potosí, la vida cotidiana se desarrolla bajo la amenaza de la contaminación por plomo. Pese a que el problema fue detectado en diciembre de 2023, casi dos años después los avances en salud y en el cierre de los diques contaminantes son mínimos. La burocracia, la presión de intereses mineros y la desidia estatal se combinan para condenar a la población afectada.
Jaqueline Alarcón, delegada de la Defensoría del Pueblo en Potosí, explicó que desde un inicio se insistió en la necesidad de realizar análisis confiables a las personas contaminadas. Aún no se concretan.
“Se había logrado que el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), única entidad certificada para este tipo de estudios, acepte realizar las pruebas”, señaló a ANF.
Según la defensora, el acuerdo establecía que las muestras de sangre de 116 personas —ya identificadas como afectadas en análisis previos— debían recogerse en julio de este año. Sin embargo, el proceso nunca se efectuó.
“Todo está paralizado por un asunto logístico: el pago de pasajes para el personal del INSO que debe desplazarse a Potosí”, apuntó.
La situación resulta aún más preocupante porque los primeros exámenes fueron efectuados en un laboratorio privado, cuyos resultados, de acuerdo con el SEDES, no contaban con certificación oficial. “Tenemos gente con análisis que muestran plomo en sangre, pero el Estado no ha concluido ni siquiera una fase básica de confirmación con estudios avalados”, agregó Alarcón.
El otro tema pendiente es el cierre de ingenios y diques de colas, una de las fuentes directas de la contaminación. Alarcón recordó que, aunque existe una sentencia que obliga a frenar operaciones y recuperar el área, los avances son mínimos. “Ni siquiera se ha llegado al 50% de cumplimiento y la recuperación del lugar, que es fundamental, no ha comenzado”, remarcó.
Desde la Sociedad Potosina de Ecología (Sope), Lourdes Tapia ofrece una mirada crítica. Para ella, lo ocurrido en Cantumarca se explica por la influencia de intereses políticos y económicos que frenan cualquier avance real.
“El Gobernador es minero cooperativista y gran parte de la Gobernación tiene vínculos con ese sector. Con este contexto, es muy difícil trabajar contra la contaminación minera”, señaló a ANF.
Tapia lamentó que las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, se comprometan en inspecciones, pero luego no ejecuten acciones. “No les conviene intervenir en ese campo. El sector minero tiene demasiado poder en las instituciones públicas”, subrayó.
En el ámbito de la salud, Tapia afirmó que la situación es dramática. “No se ha hecho absolutamente nada. La Defensoría del Pueblo había exigido un nuevo estudio de plomo en sangre, pero el SEDES no lo ha realizado”, denunció.
Los efectos de la contaminación ya están documentados. Tapia recordó que exámenes anteriores a niños revelaron retrasos en su desarrollo psicomotriz, consecuencia de la exposición a metales pesados. Además, los testimonios en la comunidad dan cuenta de un número elevado de personas fallecidas o que viven con cáncer.
La falta de especialistas agrava el panorama. “En Potosí no tenemos un toxicólogo. Hemos pedido que se gestione atención médica para quienes tienen plomo en la sangre, pero no hay respuesta. Llevamos más de un año escuchando que se gestionan laboratorios, pero no hacen nada”, cuestionó.
Alarcón coincidió en que las demoras burocráticas son el mayor obstáculo. Según relató, incluso cuando hay convenios firmados, los procesos se frenan por detalles administrativos, como la asignación de presupuestos para transporte o la coordinación interinstitucional.
“La gente no puede esperar tanto tiempo; son 116 personas que ya tienen diagnósticos previos y requieren un seguimiento urgente”, advirtió.
Respecto a los ingenios, explicó que la sentencia fue ampliada en dos oportunidades, pero ni así se cumplió. “La última ampliación debía ejecutarse en febrero de este año. A pesar de multas acumuladas, los responsables no han cerrado las instalaciones ni han iniciado la recuperación ambiental”, puntualizó.
La defensora recalcó que el cierre no solo implica frenar operaciones, sino restaurar el terreno. “La recuperación ambiental requiere técnicas especializadas para mitigar la contaminación, sembrar especies originarias y devolver al lugar condiciones mínimas de equilibrio”, explicó.
Para Alarcón, la combinación de lentitud judicial y resistencia empresarial mantiene a Cantumarca en una situación de vulnerabilidad extrema. “Las multas se aplican, pero las ampliaciones prolongan el incumplimiento. Mientras tanto, la población sigue expuesta”, señaló.
Tapia, por su parte, enfatizó que las sanciones aplicadas hasta ahora no son efectivas. “Hablamos de multas de apenas 25.000 bolivianos, que resultan irrisorias frente a la magnitud del daño causado. Al mismo tiempo, se siguen otorgando ampliaciones que legitiman la inacción”, dijo.
La dirigente de Sope criticó también el descuido de las autoridades locales. “En Cantumarca han estado ocupados en conflictos de avasallamientos y límites, y eso ha relegado el seguimiento al cierre de ingenios. La población se ha habituado a vivir en este estado de contaminación”, lamentó.
Fuente: ANF
