El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Ministerio Público amplió la investigación iniciada por el delito de Homicidio culposo, tras el fallecimiento de una joven de 18 años durante una fiesta organizada en un establecimiento educativo, incorporando ahora los presuntos delitos de Uso Indebido de Bienes del Estado y Uso Indebido de Influencias. El hecho ocurrió en instalaciones de una unidad educativa pública de nivel secundario de la ciudad de Oruro, y también dejó a una adolescente gravemente herida que actualmente está en terapia intensiva.
Durante la audiencia de medidas cautelares el Juzgado de Instrucción Cautelar N.º 4 de Oruro determinó medidas sustitutivas para las dos personas, inicialmente vinculadas a la investigación, un cantante de música tropical y la directora del establecimiento educativo. Ambos fueron beneficiados con libertad, previo cumplimiento de arraigo, fianza económica de 5.000 bolivianos y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. En el caso de la directora, el juez dispuso además detención domiciliaria con derecho a trabajo. “El Ministerio Público, en el marco de sus competencias, recabó nuevos elementos que evidenciarían la autorización ilegal del uso de infraestructura estatal sin cumplir los procedimientos legales correspondientes”, detalló Morales.
Asimismo, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Adhemar Wilcarani Morales, formalizó una denuncia penal contra un funcionario edil por el presunto delito de Uso Indebido de Influencias, luego de que se evidenciara que este habría autorizado el evento sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente. Además, se presentó una querella penal contra dicho servidor público por no haber gestionado correctamente la liquidación del pago por la actividad denominada “Saracho Fest”. El funcionario admitió haber autorizado el cobro de la patente municipal a los organizadores del evento, omitiendo los requisitos establecidos en el artículo 16 del Reglamento Municipal para la Administración de Infraestructuras Educativas Fiscales, lo que configura una posible comisión de delito.
En este caso más de una decena de personas, entre padres de familia, profesores y funcionarios municipales, serán citadas a declarar ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones en curso.
Fuente: FGE
