La Paz, 01 de septiembre de 2025 (ABI).– Las familias de las víctimas de la masacre de Senkata, perpetrada en noviembre de 2019 en El Alto, expresaron su “profunda indignación” ante las decisiones judiciales que favorecen a los responsables políticos de la violencia registrada durante ese período.
“Hasta ahora sigo buscando justicia, señores periodistas”, lamentó María Condori, madre de Rudy Vásquez, un joven de 33 años que perdió la vida en Senkata.
Según la autopsia forense, Vásquez falleció a causa de disparos de arma de fuego de grueso calibre de uso militar.
“Exijo justicia, no puede haber impunidad para estas tres personas. Para nosotros, las familias de las víctimas, debe haber justicia”, demandó Condori en referencia a las decisiones judiciales que otorgaron medidas sustitutivas a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en el denominado caso Golpe I, así como a Marco Antonio Pumari por la quema de las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral de Potosí.
El abogado Jorge Nina, representante de la exdiputada Lidia Patty —denunciante en el proceso—, confirmó que se interpuso una apelación para revertir la detención domiciliaria otorgada a Áñez por un juzgado de La Paz.
Al mismo tiempo, anunció que se prepara una demanda internacional en busca de “reparación y justicia para las víctimas de la crisis de 2019”.
“En un fallo maratónico, con una celeridad impresionante, tres personas han ido obteniendo su libertad. Eso no corresponde con la magnitud de los hechos investigados”, cuestionó el jurista, en alusión a los fallos favorables a Áñez, Pumari y Camacho.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) instó a los tribunales a valorar en su justa dimensión los informes elaborados por organismos internacionales que investigaron la violencia ocurrida en 2019.
“Se ha detectado que efectivamente ha habido masacres, eso es evidente, porque la gente no ha muerto por nada. Lo que sí tiene que profundizarse es en la identificación de los autores, tanto intelectuales como materiales. Estos informes no son concluyentes, pero constituyen un aporte fundamental en la búsqueda de justicia”, declaró Yolanda Herrera, vicepresidenta de la APDHB.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincidieron en que los sucesos de Sacaba y Senkata constituyen masacres, con un saldo de al menos 37 personas fallecidas en todo el país y más de un centenar de heridos.
30 AÑOS DE PRESIÓN
En octubre de 2023, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente una condena de 30 años de prisión para la exsenadora Áñez —quien se autoproclamó presidenta en noviembre de 2019—, tres de sus exministros, además de mandos militares y policiales implicados en las muertes de al menos 20 civiles desarmados en Sacaba, Cochabamba, y Senkata.
Tras tres años y once meses de las masacres, el Ministerio Público concluyó ese octubre la investigación en ambos casos y presentó la acusación formal por el delito de genocidio, cuya pena máxima en Bolivia es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
SACABA
Los hechos de Sacaba ocurrieron el 15 de noviembre de 2019, en inmediaciones del puente Huayllani, sobre la avenida Villazón, en Cochabamba.
Ese día, una marcha de productores cocaleros del trópico de Cochabamba se dirigía hacia la Plaza 14 de Septiembre, pero fue detenida a la altura del puente.
De acuerdo con la investigación, el entonces comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, exigió a los manifestantes entregar sus banderas y palos como condición para dejarlos avanzar.
La negativa de los marchistas desató la orden de emplear gases lacrimógenos, generando una cortina de humo entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
En medio de la confusión, los militares abrieron fuego con munición de guerra contra la población civil desarmada, “sin haber sido rebasados ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características”, señala la acusación fiscal.
El saldo fue de diez personas fallecidas por impactos de bala y decenas de heridos en las mismas condiciones.
La operación policial-militar contó con el aval del Ejecutivo de Áñez, a través de los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, que dispusieron el despliegue de personal especializado con armamento de guerra.
Las pruebas recopiladas en este caso incluyen 180 entrevistas a militares, 110 a policías y 120 a civiles, además de 350 documentos oficiales, 10 protocolos de autopsia, informes médicos y 18 peritajes forenses.
SENKATA
La masacre de Senkata tuvo lugar el 19 de noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto, en inmediaciones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En el contexto de las protestas contra el gobierno transitorio, la población alteña bloqueó varios accesos a la planta de combustibles en rechazo a la instalación del nuevo régimen.
Según la Fiscalía, fuerzas militares y policiales ejecutaron un operativo para trasladar combustible hacia surtidores de La Paz y El Alto, que terminó con una represión de gran escala.
De acuerdo con la acusación, la intervención derivó en “acciones desproporcionadas de represión” con armas de guerra, vehículos blindados, helicópteros y aviones de combate, en contra de civiles desarmados. El saldo fue de 10 muertos y decenas de heridos por impacto de bala.
La investigación reunió más de 700 elementos probatorios, entre ellos 450 documentos, 25 peritajes, 11 informes técnicos y 126 entrevistas a militares, policías, víctimas y funcionarios de YPFB.
“DECRETO DE LA MUERTE”
Las dos operaciones represivas se ejecutaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, conocido como el “decreto de la muerte”, aprobado por Áñez y su primer gabinete, que eximía de responsabilidad penal a militares en operativos de “restablecimiento del orden”.
La norma fue luego derogada, pero permitió las intervenciones que derivaron en las masacres de Sacaba y Senkata.
Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Áñez anunció al país que se había logrado la “pacificación”.
La Fiscalía señaló en 2023 que las muertes se produjeron “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales de derechos humanos”.
CONCLUSIONES INTERNACIONALES
Los sucesos de noviembre de 2019 fueron calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera instancia en investigar los hechos, señalando 10 muertos en Sacaba y 10 en Senkata.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras tres semanas de observación en Bolivia, que el gobierno transitorio incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” en ambas ciudades.
Amnistía Internacional, por su parte, denunció la “impunidad” derivada del uso “excesivo e innecesario” de la fuerza estatal, que dejó fallecidos por armas de fuego, la mayoría en los operativos de Sacaba y Senkata.
SANCIONES
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que las decisiones de operadores de justicia en Bolivia pueden derivar en el incumplimiento de las 36 recomendaciones del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) relativas a violaciones de derechos humanos en 2019, lo que expondría al Estado a posibles sanciones internacionales.
“El riesgo es real. Nos referimos a todo el Estado y a todos los que lo integran, incluyendo al Ministerio Público, al Órgano Judicial y otros actores”, explicó.
Condori recordó que, a cinco años de los hechos y tras prolongadas investigaciones, “la marcha actual del proceso nos coloca en riesgo de incumplir estas recomendaciones”.
De confirmarse el incumplimiento, advirtió, “el Estado enfrentará severas sanciones conforme a la CIDH, de la cual Bolivia es parte”.
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Fuente: ABI
