RETARDACIÓN.- El abogado constitucionalista William Herrera afirmó que más del 60% de los reclusos en Bolivia se encuentra con detención preventiva. Señaló que esta práctica refleja la crisis estructural del sistema judicial, caracterizada por limitaciones presupuestarias, normativas y de gestión.
Alta tasa de detención preventiva en Bolivia
El constitucionalista William Herrera alertó que en Bolivia más del 60% de los privados de libertad permanece en condición de detención preventiva, una cifra que calificó como un reflejo directo de la crisis estructural que atraviesa el Poder Judicial.
“Este uso excesivo de la detención preventiva no está contemplado como norma, sino que se ha convertido en una mala costumbre del sistema penal boliviano. Es un indicador de que el sistema judicial está colapsado y que no ha tenido la capacidad de resolver sus propios problemas internos”, sostuvo el jurista.
Los reclusos de todo el país se han declarado en emergencia exigiendo que se cumplan los plazos procesales porque más del 60% de los internos son víctimas de una aguda retardación que justicia que violenta los derechos civiles de los ciudadanos en conflicto con la Ley
Un sistema con recursos limitados
Herrera explicó que el sistema judicial boliviano enfrenta serias limitaciones presupuestarias y normativas, lo que dificulta su correcto funcionamiento. Según su análisis, el Poder Judicial apenas opera con el 20% de su capacidad real.
“Es muy difícil pensar que este panorama pueda resolverse sin una reforma integral y estructural que comprometa a los cuatro pilares del sistema: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el sistema carcelario”, enfatizó.
Crisis carcelaria y ausencia de rehabilitación
El abogado advirtió que el hacinamiento en las cárceles se ha convertido en otro de los síntomas graves de esta crisis. La alta proporción de detenidos preventivos genera inseguridad, falta de rehabilitación y ausencia de programas de reinserción social.
“La cárcel en Bolivia nunca ha sido concebida como un espacio de rehabilitación. No existen terapias ocupacionales ni programas serios de reinserción. Simplemente se encierra a las personas, lo que agrava el problema en lugar de resolverlo”, señaló.
La administración penitenciaria bajo cuestionamiento
Herrera cuestionó que la Policía siga a cargo de la administración de las cárceles, cuando, en su criterio, esta debería ser una responsabilidad civil y técnica bajo la Dirección de Régimen Penitenciario.
“La Policía no puede seguir controlando los recintos penitenciarios, porque su rol es de seguridad ciudadana, no de administración carcelaria. Esta es una de las reformas urgentes que debe encarar el país”, afirmó.
Necesidad de voluntad política
Finalmente, el constitucionalista destacó que el cambio solo será posible con una voluntad política firme del nuevo gobierno. De lo contrario, advirtió que la situación se mantendrá sin soluciones de fondo.
“El indicador de que más del 60% de los reclusos esté en detención preventiva no es una señal positiva, al contrario, es una evidencia de la inseguridad y la ineficacia del sistema judicial boliviano”, concluyó.
Fuente: NUEVAPRESENCIA
