Potosí, Kollasuyo Digital
Internos de distintos recintos penitenciarios del país difundieron una carta pública en la que denuncian discriminación y trato desigual en el sistema judicial boliviano. El pronunciamiento, firmado por delegados del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, exige a las autoridades nacionales y organismos internacionales de derechos humanos atender de manera urgente la situación de más de 33.000 personas privadas de libertad en Bolivia.
En el documento, los internos denuncian que el 58,2% de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva, algunos incluso por periodos de hasta 10 años sin sentencia, lo que constituye –según señalan– una vulneración al debido proceso y a los principios constitucionales de celeridad y acceso a la justicia.
Asimismo, cuestionan lo que califican como “privilegios selectivos” hacia exautoridades y líderes políticos como Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez, quienes –afirman– reciben audiencias inmediatas, atención médica oportuna y otras garantías procesales, mientras la mayoría de los internos enfrenta hacinamiento, falta de atención en salud, escaso acceso a defensores públicos y retardación judicial.
Demandas centrales
El pronunciamiento plantea seis exigencias principales:
- Asignación de un segundo Juez de Ejecución Penal en Potosí para atender la sobrepoblación penitenciaria.S
- eguimiento efectivo en la revisión de casos y respeto a la celeridad procesal.
- Audiencias masivas y revisión colectiva de causas para reducir el hacinamiento.
- Aplicación amplia y sin discriminación de medidas de indulto y amnistía.
- Ampliación del número de defensores públicos para garantizar defensa técnica adecuada.
- Cumplimiento efectivo y puntual de beneficios penitenciarios, como redención de penas, libertad condicional y permisos extramuros.
Los internos aseguran que la demora en la aplicación de estos beneficios prolonga indebidamente la permanencia de personas en las cárceles, incluso después de haber cumplido los requisitos legales, lo que “afecta la reinserción social, la moral y la confianza en el sistema de justicia”.
Llamado a organismos internacionales
La carta está dirigida al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio de Justicia, a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo. Además, pide el acompañamiento de organismos internacionales como la CIDH y las Naciones Unidas para garantizar que en Bolivia se respeten los principios de igualdad, acceso a la justicia y derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“No pedimos privilegios ni tratos especiales. Pedimos igualdad, respeto a la Constitución y a las leyes”, concluye el pronunciamiento firmado por los delegados de Cantumarca.
