La propuesta de aumentar la Renta Dignidad a Bs. 2.000 por mes generó polémica. Un análisis de Luis Fernando Romero Torrejón revela el impacto fiscal y la sostenibilidad de esta promesa electoral en Bolivia.
Contexto actual de la Renta Dignidad
En 2024, la Renta Dignidad benefició a 1.237.380 adultos mayores, con un gasto de Bs. 4.705 millones. Para 2025, el Presupuesto General del Estado (PGE) proyecta Bs. 5.529 millones para 1.296.543 beneficiarios, un incremento del 4%. Hasta junio de 2025, ya se pagó Bs. 1.804,8 millones, alcanzando a 1.194.632 personas. Los adultos mayores “no rentistas” reciben Bs. 4.550 al año, y los “rentistas” Bs. 3.900, ambos montos incluyen aguinaldo.
La promesa electoral y su magnitud
Un candidato propone aumentar la Renta Dignidad de Bs. 350 a Bs. 2.000 para “no rentistas” y de Bs. 300 a Bs. 1.000 para “rentistas”. Esto representaría un crecimiento anual del 471% y 233% respectivamente, alcanzando Bs. 26.000 y Bs. 13.000 por beneficiario.
Impacto fiscal del incremento propuesto
Considerando que el 21% de los beneficiarios son rentistas y 79% no rentistas, se estima que 272.274 personas recibirían Bs. 1.000 y 1.024.269 recibirían Bs. 2.000. El gasto anual total ascendería a Bs. 30.171 millones, un incremento del 446% frente al presupuesto vigente, equivalente al 10% del PGE 2025 o al 50% del presupuesto destinado a sueldos del sector público.
Comparación con otros gastos públicos
Este monto es similar a lo que se destina a salud o educación, y casi el doble del presupuesto para subvenciones de hidrocarburos. El incremento plantea un desafío para la sostenibilidad fiscal y el equilibrio macroeconómico del país.
Recomendaciones para la viabilidad económica
El economista Luis Fernando Romero sugiere convocar a mesas técnicas entre las fuerzas políticas que gobernarán el país. Esto permitiría un diagnóstico financiero riguroso y la planificación de políticas públicas que estabilicen la economía con el menor impacto social posible.
Fuente: NUEVAPRESENCIA
