La institución presentó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de La Paz para frenar el tratamiento legislativo hasta que se realicen estudios ambientales y consultas previas.
La Defensoría del Pueblo interpuso una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz para frenar el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio suscrito entre el Estado boliviano y una empresa rusa. La acción fue comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 28 de julio y busca resguardar los derechos ambientales y de la Madre Tierra.
La petición busca resguardar los derechos ambientales y de la Madre Tierra, y plantea, entre otros puntos, la realización de estudios hidrogeológicos sobre la disponibilidad de agua en las zonas de explotación, informó la entidad en un comunicado oficial.
La Defensoría solicitó que se suspenda el tratamiento de los proyectos de ley vinculados a los contratos de litio hasta contar con evaluaciones técnicas completas, se garantice la consulta previa, libre e informada a las comunidades, y se establezcan normas que obliguen a realizar evaluaciones ambientales estratégicas antes de aprobar acuerdos de este tipo. También pidió que los informes técnicos que respaldan los contratos sean validados por instancias especializadas, competentes y representativas.
“La industrialización del litio debe adoptarse con la máxima transparencia, observando la normativa nacional e internacional, y considerando de manera sería los impactos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas”, señaló la institución, exhortando a la Cámara de Diputados y a la de Senadores a actuar con responsabilidad y priorizar el respeto a los derechos de la Madre Tierra, el interés nacional y las acciones legales en curso.
La Defensoría del Pueblo recordó que, como Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A” reconocido por el Sistema de Naciones Unidas, su mandato constitucional le faculta a velar por los derechos humanos individuales y colectivos, así como por los derechos de la Madre Tierra.
En ese marco, reafirmó su compromiso de adoptar todas las acciones necesarias para garantizar el seguimiento, la protección y la promoción de estos derechos, “en beneficio de la población y de la vida en todas sus formas”.
Este contrato forma parte de una serie de acuerdos estratégicos firmados por el Gobierno con empresas extranjeras para desarrollar la industrialización del litio. En el caso de la empresa rusa Uranium One Group, el proyecto prevé una inversión de aproximadamente 970 millones de dólares para instalar una planta con capacidad de 14.000 toneladas de carbonato de litio al año.
Su aprobación en la Comisión de Economía Plural de Diputados generó críticas por la falta de anexos técnicos y financieros completos, así como protestas de sectores cívicos y sociales de Potosí.
Fuente: EL DEBER
