- Compromete publicar todos los contratos que suscriba el Estado
La Paz, Kollasuyo Digital
El candidato presidencial de la alianza UNIDAD, Samuel Doria Medina, presentó el que sería su segundo decreto presidencial en caso de resultar electo en el próximo 17 de agosto de 2025. El decreto lleva por título “Se acabó el secreto” y tiene como objetivo instaurar un nuevo estándar de transparencia total en la gestión estatal.
Este anuncio sigue a la presentación de su primer decreto titulado como “Se acabó la fiesta”, que plantea recortes drásticos a lo que considera “privilegios de la burocracia política”.
En esta ocasión, el enfoque se centra en el acceso libre a la información pública y la eliminación del secretismo en la administración del Estado.
“Durante 20 años, los gobiernos del MAS (Movimiento Al Socialismo), han manejado las instituciones públicas como si fueran de su propiedad, ocultando información clave para la democracia y para el desarrollo económico del país”, afirmó el político.
El primer artículo de este decreto, habla sobre la obligación de publicar todos los contratos, acuerdos y convenios que el Estado celebre con gobiernos extranjeros, empresas nacionales, internacionales y organismos multilaterales.
La documentación que sustente dichos convenios según este proyecto, deberá estar disponible al público, advirtiendo qué los funcionarios que incumplan esta norma serán sancionados legalmente.
El candidato también se refirió a lo ocurrido con los contratos del litio, las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) y la crisis de carburantes
Entre las acciones de este decreto se encuentra:
- Anulación del acuerdo de cooperación en defensa con Irán, considerado una muestra del manejo oscuro de la política exterior.
- Instrucciones al BCB y YPFB para publicar información económica y energética clave sin demoras.
- Mandato a la ASFI para transparentar la propiedad de las entidades financieras, revelando a los accionistas de las sociedades controladoras de bancos.
- Transformación de las rendiciones de cuentas de las instituciones públicas en espacios abiertos de debate, con libre acceso para la prensa y la ciudadanía.
- Acceso pleno de periodistas a la información del Poder Ejecutivo, como parte de una política activa de apertura estatal.
- Obligación al INE de abrir sus bases de datos a la consulta pública.
- Exhortación al Poder Judicial para facilitar el acceso a los procesos judiciales, con excepciones solo para evitar la revictimización.
Finalmente dijo que los medios de comunicación podrán tener acceso a toda la información en dependencias estatales y en e revistas con autoridades.
