Por: Waldo Vargas Reyes
Sin el ánimo de interrumpir a la sopa de la política y las famosas encuestas que están de moda en algunos medios de comunicación; deseo compartir el sondeo que hicimos sobre el costo de la canasta familiar, la misma fue obtenida cuando visitamos algunos mercados de abasto y las famosas “ferias” que dejaron de ser tales en la ciudad de Potosí; ya que, los precios subieron nuevamente por las nubes y no hay autoridad alguna que pueda ponerle el cascabel al gato.
Por ejemplo, antes el kilo de carne costaba bs 50 ahora 80; las piernas de pollo antes bs. 20 ahora 29; las alitas de 20 a 30; el quintal de arroz de 350 a 600; el azúcar de 270 a 400; el Aceite de cinco litros de 70 a 110 bs; el Tody el kilo de bs 50 ahora 70 la Sardina Lidita de 17 a bs 34. Por otro lado, el ambientador está a bs 18, el papel higiénico bs 42; el champú ballerina de 18 a 28; la docena de plátano de bs. 6 ahora 12; la docena de naranja y mandarina a bs 12, es decir de manera general subió del 50 al 100 %. De la misma forma el pan de batalla, que costaba 3 unidades por 1 boliviano ahora 5 unidades por dos bolivianos sin respetar el peso y la calidad.
Es decir que, a pesar de existir rabia y malestar, el agio y la especulación de alimentos ganaron y se posesionaron sin ningún problema, sin tomar en cuenta que la economía de las familias se encuentra asediada por la inflación del precio de alimentos y cuando uno reclama por estos efectos las caseritas rápidamente responden como causa la subida del dólar, la falta de combustible entre otros y en esta cadena productiva que abarcan a los productores, intermediarios y vendedores minoristas, juegan semana a semana, día a día con los precios “a la alza”, para obtener beneficios adicionales aprovechando las circunstancias. Toda esta manera de trabajar contra los intereses de las familias bolivianas puede ser caracterizada como agio y especulación.
Dentro del Código Penal se tipifica el delito de Agio en el Artículo 226, y tiene una sanción de privación de libertad de seis (6) meses a tres (3) años, En consecuencia queda claro que es obligación de las autoridades proceder conforme a la ley y proteger la economía familiar.
La política de las autoridades de Estado debe ser la lucha contra el agio y evitar la contaminación de interpretaciones e intereses de los integrantes de las cadenas de alimentos que buscan sacar provecho a las circunstancias de conflictividad que vive el país y el departamento de Potosí. De ahí que a través de sus servidores públicos deberían emplear los mecanismos legales para su neutralización y no otorgar facultades arbitrarias a los malos comerciantes que se aprovechan y si fuera el caso hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público y será una autoridad jurisdiccional el que pueda ver la causa y dictar las medidas sancionatorias correspondientes.
