- El litio, recurso clave para la transición energética global, se ha convertido en el centro de una profunda discusión en Bolivia.
Potosí. Kollasuyo Digital
Lo que comenzó como una promesa de soberanía y desarrollo industrial se ha transformado en un conflicto político, técnico y social, en el que convergen expectativas incumplidas, nuevas tecnologías y reclamos regionales.
Un proyecto con más promesas que avances
Fue en abril de 2008 cuando el entonces presidente Evo Morales planteó por primera vez la industrialización del litio. La visión era clara: el Estado boliviano debía controlar toda la cadena, desde la extracción hasta la exportación. En 2018, después de años de planificación, se inició la construcción de una planta piloto en Llipi, Potosí, que debía estar concluida en 2020. Sin embargo, su entrega recién se concretó en diciembre de 2023, con una década de retraso.
Pero la inauguración no trajo consigo soluciones. En abril de 2024, Karla Calderón, presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), denunció que 18 piscinas de evaporación de la planta estaban inutilizables por fallas de diseño e infraestructura, lo que comprometía la producción de materia prima. La ilusión de una industrialización bajo control estatal comenzaba a desmoronarse.
La apuesta por la tecnología EDL
Ante estos tropiezos, el Gobierno de Luis Arce giró su estrategia. Apostó por la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), un método que promete optimizar el tiempo de obtención del carbonato de litio y minimizar el impacto ambiental. La EDL no requiere grandes piscinas de evaporación y puede recuperar más litio con menos uso de agua, lo que resulta especialmente atractivo en zonas áridas como el altiplano.
En septiembre de 2024, YLB firmó un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para implementar una planta con capacidad de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio usando esta tecnología. En noviembre, firmó otro contrato con la compañía china Hong Kong CBC, que contempla la construcción de dos plantas de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares.
Aunque ambos contratos ya fueron firmados por YLB, su ejecución depende de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que ha generado intensos debates políticos y sociales.
Resistencias desde Potosí y trabas judiciales
En Potosí, epicentro de las reservas de litio, la reacción ha sido de rechazo. La región exige una mayor participación en los beneficios de la industrialización. Actualmente, los contratos solo contemplan un 3% de regalías para el departamento, lo que ha provocado movilizaciones y cuestionamientos desde instituciones cívicas y parlamentarias.
Además del tema económico, los sectores críticos advierten sobre la falta de transferencia tecnológica real, el elevado endeudamiento que implican las inversiones y la ausencia de consulta previa a las comunidades originarias, como exige la normativa nacional e internacional.
En ese contexto, un juzgado de Potosí dictó el 27 de mayo una medida cautelar que ordenó suspender el tratamiento legislativo de ambos contratos y prohibió a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos ejecutar cualquier acción administrativa relacionada. Sin embargo, el 7 de junio, la diputada Lissa Claros denunció que dicha medida fue sorpresivamente levantada, habilitando nuevamente su discusión en la ALP.
Una discusión política en un escenario legal incierto
La tensión llegó a un nuevo nivel el 3 de julio, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, incluyó en agenda el tratamiento del contrato con Hong Kong CBC, a pesar de las advertencias de la oposición y de actores cívicos de Potosí. Claros recordó que existe una acción popular pendiente en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que cualquier aprobación legislativa antes del fallo definitivo podría ser considerada ilegal.
“Si se revoca el fallo (que levantó la medida cautelar) y la Justicia determina que no se pueden tratar estos contratos, todo lo que se avance en la Cámara de Diputados podría quedar sin efecto”, advirtió.
Desde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), se insiste en que no se ha cumplido con la consulta previa a las comunidades indígenas que habitan en la región del salar de Uyuni y se expresa preocupación por el impacto ambiental que podría generar la implementación de la tecnología EDL, aún poco probada a gran escala en salares como los bolivianos.
Entre el litio y la legalidad
La historia reciente del litio en Bolivia revela un conflicto estructural: el deseo legítimo de industrializar un recurso estratégico choca con deficiencias técnicas, urgencias políticas y una débil articulación con las regiones directamente involucradas. La tecnología EDL aparece como una solución moderna y eficiente, pero su implementación carece hasta ahora de un consenso nacional y una hoja de ruta clara que incluya a todos los actores.
Mientras la Asamblea Legislativa define el futuro de los contratos, y la Justicia aún no cierra el capítulo legal, el país se encuentra en una encrucijada: convertir el litio en una oportunidad real de desarrollo o repetir la historia de recursos explotados sin equidad ni sostenibilidad.
