El presidente Yamandú Orsi defendió la propuesta del gobierno de trasladar personas sin hogar incluso contra su voluntad: “No se puede dudar ni depender de un diagnóstico médico”
Después de la muerte de seis personas que vivían a la intemperie, el gobierno de Yamandú Orsi decidió decretar una alerta roja ante el frío extremo que estaba anunciado. Esa decisión le daba al gobierno el mecanismo legal para retirar a las personas que estuvieran en la calle por la noche, con el argumento de que su vida estaba en riesgo.
El trabajo del gobierno fue como si hubiera una “inundación de frío”, comparó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, entrevistado en el programa En Perspectiva. “Si hay una inundación de frío hay que buscar un lugar de salida, que es un lugar climatizado. Ese es el concepto de evacuación. Con ese concepto se trabajó y hubo mucha gente que accedió” declaró.
En la primera noche –la del lunes para el martes– hubo unas 488 personas evacuadas –siguiendo con el paralelismo que trazó el ministro– en todo el país. En algunos casos, hubo que forzar la intervención de la policía para concretar el traslado. “Algunas otras personas accedieron ante ese nuevo intento de persuasión y hubo casos donde la decisión quedó en manos del Estado y se tuvieron que trasladar contra la voluntad de las personas”, expresó.
Otra herramienta legal que tiene el gobierno para estos traslados es la Ley de Internación Compulsiva, que establece que las personas que estén en la calle sean trasladadas contra su voluntad siempre que un médico lo certifique. Sin embargo, la alerta roja permite los traslados sin el aval de un médico.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, explicó este martes, durante una recorrida por Maldonado, que las herramientas que tenía el gobierno anteriormente no estaban siendo suficientes para atender el tema y señaló que la medida se extenderá mientras se extiendan las bajas temperaturas.
“Nos dimos cuenta de que nos faltaban herramientas para resolver temas de fondo. La normativa y las disposiciones que tenemos vigente no resolvía, de no existir una situación de excepcionalidad, algunos temas, como la evacuación de gente que está en situación dramática. Esto de por sí ya es un problema, pero en tiempo de rigurosidad climática te obliga y te exige tomar otro tipo de determinación”, expresó.
“Mientras dure este frío, no se puede andar dudando. Y no podemos estar a expensas de un dictamen o diagnóstico médico o sanitario. No hay dudas: dormir a la intemperie o estar a la intemperie… como Estado te obliga a tomar determinaciones mucho más drásticas”, agregó Orsi.
El martes por la tarde, el gobierno hizo una evaluación de la primera noche. La Policía trasladó a 488 personas a refugios y centros del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); más de la mitad se registraron en Montevideo. La mayoría de los traslados se realizaron en ómnibus, pero hubo 121 que se hicieron en patrullas en respuestas a llamados al 911. Hubo seis detenciones por desacato, de personas que se resistían al traslado. Todas estas personas ya están en libertad.
La batería de medidas que dispuso el gobierno incluyó que se establecieran dos centros de evaluación y un refugio para albergar a personas en situación de calle, que se sumaron a los que el Mides ya tenía. Además, Peñarol ofreció sus instalaciones del Centro de la ciudad para instalar un centro de refugiados nocturno, con plaza para 130 personas. En los primeros días será el Estado el que aportará la comida en estos lugares, pero los días posteriores el mismo club será el que aporte la alimentación.
Algunas personas que vivían en la calle, sin embargo, no lograron acceder a un refugio, según comentaron en el noticiero Telemundo de Canal 12. “No pude porque no había cupo. Nadie me contactó. Nadie habló conmigo. Me quedé en la calle ahí en la vuelta y dormí bajo un techo. Ahora estoy esperando un cupo”, relató uno de ellos.
Fuente: Infobae
