* También denuncia vulneración al debido proceso
La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) anunció que impugnará la medida cautelar dictada por el Juzgado Mixto de Colcha K, que ordena suspender cualquier labor administrativa relacionada con los contratos de explotación de litio en el Salar de Uyuni, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental.
La decisión judicial fue tomada tras una acción popular presentada por comunidades indígenas de Nor Lípez, que alegan la vulneración de derechos fundamentales como la consulta previa, el acceso al agua y el derecho a un ambiente sano.
El juez Edson Villarroel Herrera concedió la tutela a los comunarios, paralizando temporalmente los contratos con Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China).
YLB DENUNCIA INDEFENSIÓN Y FALTA DE NOTIFICACIÓN
La jefa de análisis legal de YLB, María Cristina Carballo, afirmó que la empresa no fue notificada formalmente con la acción popular ni convocada a la audiencia, lo que —según ella— vulnera el derecho al debido proceso.
“No hemos podido exponer nuestra defensa dentro del procedimiento correspondiente”, declaró en entrevista con medios nacionales.
Carballo explicó que los contratos aún no están vigentes, ya que se encuentran en análisis en la Cámara de Diputados; por tanto, argumentó que no existe un “agravio cierto” que justifique la tutela concedida.
“Defendemos que los estudios de impacto ambiental deben realizarse una vez los contratos sean aprobados por la Asamblea Legislativa”, sostuvo.
ANTECEDENTE LEGAL Y POSTURA INSTITUCIONAL
La abogada recordó que, en febrero de este año, una acción popular similar fue rechazada por la Sala Constitucional Tercera de La Paz, precisamente porque los contratos no estaban en vigencia.
“En esa oportunidad se tuvo una correcta interpretación de la ley”, subrayó.
Por su parte, el gerente legal de YLB, Pablo Nina, calificó la situación como una “indefensión jurídica” y anunció que la empresa evalúa acciones legales adicionales. Aclaró que no se ha iniciado ninguna obra en el Salar de Uyuni y que las actividades actuales se limitan a estudios preliminares de factibilidad.
INVERSIÓN EN RIESGO Y TENSIONES SOCIALES
Los contratos con Uranium One y CBC contemplan una inversión conjunta de 2.000 millones de dólares para implementar tecnología de extracción directa de litio (EDL), con el objetivo de producir carbonato de litio a escala industrial.
El Gobierno ha lamentado el fallo judicial, advirtiendo que el principal perjudicado es el país.
Mientras tanto, las comunidades indígenas mantienen su postura, exigiendo que se respete su derecho a la consulta previa y que se garantice la sostenibilidad ambiental del proyecto.
