El Gobierno de Javier Milei considera objetivo de sus servicios de espionaje a aquellos “actores” que busquen “erosionar” la opinión hacia las estrategias de seguridad —por ejemplo, un operativo contra un corte de carreteras— o que promuevan una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” de la gestión ultraderechista. Los detalles, publicados entre el domingo y el martes por el diario La Nación, forman parte del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que fija los lineamientos de trabajo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El PIN no aclara qué considera “actores” y abre la puerta a tareas de espionaje interno contra periodistas, economistas, activistas sociales y cualquier ciudadano que la Casa Rosada estime una amenaza para su “guerra cultural” contra el “comunismo internacional”.
La primera víctima del cambio de época ha sido el periodista que publicó la noticia, Hugo Alconada Mon, objetivo desde el lunes de amenazas e intentos de hackeo contra su teléfono móvil y sus redes sociales.
El documento, al que solo tienen acceso un puñado de altos funcionarios y los diputados y senadores que integran la comisión bicameral de control de la SIDE, pone también en la mira a las personas que puedan “manipular” a la opinión pública con “desinformación” durante procesos electorales. La última experiencia al respecto fue un vídeo generado con inteligencia artificial que mostraba al expresidente Mauricio Macri pidiendo el voto por el candidato de Milei en las elecciones municipales de Buenos Aires, realizadas el 18 de mayo pasado. Milei celebró la ocurrencia de los trolls ultraderechistas —la consideró una broma inocente—, y tildó a Macri de “llorón” por las quejas que presentó ante la justicia electoral.
Este martes, el La Nación dio detalles de una orden de la SIDE, respaldada por el PIN, para “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” que puedan aprovecharse de la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado. La intención es medir el “impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la Nación”, dice el texto. En ese amplio abanico entran los movimientos sociales o “piqueteros”, pero también colectivos como el de los jubilados.
Cada miércoles, un centenar de mayores de 60 años marchan frente al Congreso en reclamo de una subida de sus pensiones, especialmente afectadas por el ajuste económico. La respuesta del Gobierno es, sin excepción, un gran despliegue policial que termina con el lanzamiento de gases lacrimógenos y golpes.
Tras la difusión del informe de La Nación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que confirmó la existencia de un nuevo Plan de Inteligencia Nacional, pero negó su contenido. “Este el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas y adversarios políticos”, dice el texto. Milei reprodujo el comunicado en sus redes sociales y acusó a los periodistas de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”. Días antes, había posteado en X que los argentinos “no odian lo suficiente a los periodistas”.
La SIDE opera bajo el ala de Santiago Caputo, asesor y cerebro político de Milei, un personaje que no tiene cargo en el Gabinete, detalle que lo exime de cumplir con los controles legales a los que se someten a sus compañeros en el Gobierno. Según datos del ministerio de Economía, el presupuesto de la agencia de espionaje creció desde enero un 68%, a contramano de la “motosierra” que Milei utiliza en el resto del Estado. Los gastos reservados de los espías, aquellos que no deben rendir cuentas, subieron un 254% en el mismo período.
Desde la publicación del nuevo PIN, Alconada Mon, uno de los reporteros de investigación más reconocidos de Argentina, fue objeto de una larga serie de ataques. Durante el lunes, resistió diez intentos por tomar el control de su WhatsApp, un intento de violación a su cuenta en X, donde tiene más de 700.000 seguidores, decenas de mensajes con amenazas en su teléfono y hasta el intento de abrir cuentas a su nombre en tres sitios de pornografía.
Fuente: EL PAÍS
