El Gobierno de Javier Milei se enfrenta esta semana a un pulso con los sindicatos argentinos. La primera batalla se libró este miércoles en las calles: miles de trabajadores afiliados a la gran central obrera argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), vinculada al peronismo, se sumaron a la marcha de los jubilados frente al Congreso para protestar contra los recortes realizados por el Gobierno ultraderechista. El plato fuerte es este jueves, con una nueva convocatoria a huelga general de 24 horas, la tercera desde que Milei arrancó su mandato presidencial.
La huelga afectará a bancos, escuelas públicas y privadas, hospitales y la atención en todas las dependencias estatales. También funcionarán los trenes y el metro y no habrá los vuelos nacionales e internacionales —en este último caso por la adhesión del personal de tierra en los aeropuertos—. La única excepción serán los autobuses: el gremio de los chóferes están obligados a trabajar porque rige una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en una amenaza de huelga anterior. “Es un momento crucial para que el Gobierno reflexione sobre temas muy sensibles para la sociedad. Los jubilados no pueden seguir siendo el eje del ajuste”, dijo a los medios Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT. La jubilación mínima actual está por debajo de los 300 dólares mensuales y roza la línea de la pobreza.
“Todos seremos jubilados”, “Hoy ellos están luchando por nuestra futura jubilación”, podía leerse en muchas de las pancartas desplegadas por los trabajadores que marcharon por el centro de Buenos Aires, frente al Congreso. En un país donde solo un tercio de los empleados tiene un contrato formal, el futuro se avizora complicado si no hay una gran reforma previsional. Solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres llega a la edad de jubilación con los 30 años de aportes a la Seguridad exigidos por la ley. Los que incumplen ese requisito deben conformarse con una pensión equivalente a unos 220 dólares.
La convocatoria de la cúpula de la CGT responde a un pedido de las bases, que en los últimos meses han visto como jubilados, docentes, mujeres y el movimiento LGBTI+ tomaban el protagonismo en las calles entre críticas por inacción a la mayor central obrera del país y gritos de “paro general”. Con todo, la convocatoria a una huelga general generó divisiones dentro de la CGT entre los sectores dialoguistas con el Gobierno y aquellos que consideran que ya es hora de romper lazos y terminar con el pacto de no agresión que rige, sin estar escrito, desde el año pasado. La Casa Rosada había logrado hasta ahora mantener en calma a la central sindical garantizándoles el dinero que recibe para el financiamiento de sus sistemas de salud, la principal fuente de ingresos de los gremios. En noviembre, la CGT renueva autoridades y el resultado de la huelga puede ser determinante en esa elección.
A la movilización de este miércoles se sumaron además columnas de los movimientos sociales, que desde la llegada de Milei al Gobierno se encontraban prácticamente paralizados. La decisión de la Casa Rosada de quitarles su rol de intermediarios de la ayuda social estatal les había quitado poder de fuego. Ahora, poco a poco, recuperan algo de protagonismo.
Desde la Casa Rosada minimizaron un paro que tachan de “político” y que creen que “expondrá a la casta”, el término con el que Milei etiqueta a aquellos que se oponen a sus políticas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lanzó una amenaza velada a los sindicatos al anticipar una reforma de la ley laboral que flexibilice el mercado de trabajo: “Tenemos claro que las pequeñas reformas laborales que hicimos todavía no alcanzan para poder solucionar las dificultades que genera la ley de contrato de trabajo en Argentina”.
Fuente: EL PAÍS
