El ministro de Justicia, César Siles, informó que se suspende la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 en tanto el Tribunal Constitucional evalúe si es constitucional o no
El ministro de Justicia, César Siles, informó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) notificó al Órgano Ejecutivo, a través de la Vicepresidencia del Estado, la aplicación del Auto Constitucional 060/2025, que suspende la aplicación de la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
“Eso en términos racionales, lógicos, sin entrar en mayor análisis jurídico, implica que no se va a aplicar la Disposición Adicional Séptima hasta que el Tribunal Constitucional, en el fondo, resuelva si es constitucional o no es constitucional (la aplicación)”, señaló Siles.
La autoridad hizo el anuncio el medio día de este martes, luego de una reunión informativa para lo cual se había convocado a 13 organizaciones gremiales del país, de las cuales asistieron solo cuatro.
“Por eso queríamos informarles de que el Gobierno boliviano va a cumplir, como lo ha hecho en otras oportunidades, este auto dictado que es de carácter vinculante y no va a aplicar la Disposición Adicional Séptima, en tanto que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el fondo”, reiteró el ministro de Justicia, a tiempo de augurar que las movilizaciones en contra de la normativa no se lleven a cabo.
El denominado Comité Multisectorial, compuesto por gremiales, agropecuarios, empresarios y transportistas de todo el país, entre otros, ratificó para el próximo 2 de abril su próxima reunión nacional en la ciudad de El Alto, para definir las acciones en contra de la mencionada disposición y que demanda una solución a la provisión de combustibles, principalmente.
El sector gremial es el más férreo opositor a la normativa aprobada en el PGE 2025, porque la considera confiscatoria, mientras que el Gobierno asegura que con ella se combatirá el agio y la especulación de alimentos, especialmente.
En ese sentido, Siles aseguró que la disposición “no se va a reglamentar y no se puede adoptar ninguna medida administrativa, decreto, legal, ni nada por el estilo para aplicar una disposición que por mandato del Tribunal Constitucional ha quedado en suspenso”.
Agregó que el Ejecutivo tiene 15 días para “contestar” sobre los extremos, por los cuales, se entendería que esta disposición es inconstitucional. “Luego, el Tribunal Constitucional con la respuesta de la entidad emisora de la norma, va a poder emitir en 45 días una sentencia constitucional sobre el fondo. Yo no puedo adelantar si es constitucional o inconstitucional”, expresó el ministro.
Fuente: EL DEBER
