Ecuador atraviesa una grave crisis sanitaria por cuenta de los al menos 1.115 casos de tuberculosis detectados en 12 cárceles de país. Más de la mitad de los casos, 567, se han registrado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. La alerta saltó el pasado viernes, 7 de marzo, cuando cinco reclusos de ese penal fueron hallados muertos en sus celdas. Un informe policial indicaba que la tuberculosis era la posible causa de los decesos. El Ministerio de Salud ha negado que los fallecidos hayan estado en sus registros de “pacientes sospechosos”. Sin embargo, las familias de los reclusos han denunciado las condiciones deplorables de encarcelamiento que viven sus seres queridos, sobre todo desde la intervención militar de las prisiones, en enero de 2024. Los propios reclusos han tratado de llevar ese reclamo a las audiencias a las que asisten de manera telemática, sin obtener una respuesta.
De las 35 cárceles del sistema penitenciario ecuatoriano, la enfermedad ha sido identificada en 11, repartidas en provincias como Sucumbíos, Esmeraldas, Napo, Cotopaxi, Manabí, Bolívar, Los Ríos, Azuay, Cañar, El Oro y Pichincha. A pesar de esta expansión, el Ministerio de Salud continúa restando importancia al brote, alegando que no existe una crisis epidemiológica. Así lo expresó un representante de la institución en una reunión convocada por la Alcaldía de Guayaquil, que pidió explicaciones sobre los riesgos de contagio para familiares y personal penitenciario.
El ministro de Salud, Édgar Lama, dio una respuesta confusa en un video publicado en redes sociales. Insinuó que la culpa recaía en los prisioneros, quienes, según él, se negaban a tomar el tratamiento. “El paciente tiene la opción de aceptar o no el tratamiento. Nosotros damos el diagnóstico y la medicación, pero no podemos obligar a los internos a seguirlo”, declaró en un breve mensaje de 45 segundos, sin ofrecer más detalles. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información hecha por este diario, el Ministerio de Salud precisó que solo dos presos habían rechazado el tratamiento “por razones personales”.
En su comunicado, la institución subrayó que, según la normativa vigente, a los reclusos con síntomas de tuberculosis, como tos persistente, incluida la hemoptisis (tos con sangre), fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna, se les deben realizar pruebas rápidas moleculares. Sin embargo, el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil discrepa con esta versión. En su último informe, la organización denunció que la medicación para tuberculosis no es proporcionada de manera constante a todos los internos, y que la situación empeora por el hacinamiento y la desnutrición crónica. “El estado físico de los detenidos es alarmante, muchos lucen cadavéricos, con la piel pálida y signos evidentes de desnutrición, además de vivir en condiciones extremas de falta de higiene. No existe un registro de enfermedades ni un monitoreo adecuado de la salud de los reclusos, ni siquiera de aquellos que ingresan al complejo penitenciario”, advirtió la organización. La crisis que se oculta tras los muros de las cárceles ecuatorianas va más allá de un brote de tuberculosis, ya que las denuncias se extienden a maltratos y torturas.
Fuente: EL PAÍS
