Durante el año pasado, se produjeron 21 fugas y escaparon cerca de 50 presos en la ciudad de Buenos Aires. En lo que va de 2025, ya se registraron al menos otras 3 fugas, en las que huyeron 13 delincuentes. La capital de Argentina sufre una creciente sobrepoblación de detenidos y carece de cárceles en manos del distrito: Buenos Aires tiene capacidad para retener a 1.000 delincuentes y hoy tiene a casi 2.500 tras las precarias rejas de comisarías y alcaidías, improvisadas penitenciarías. Mientras el sistema federal se niega a recibir más reos de la ciudad, las autoridades de la capital y el Gobierno nacional de Javier Milei se acusan y responsabilizan mutuamente por las constantes fugas y la crítica situación de hacinamiento de los presidiarios.
“Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal”, reclamó este miércoles Jorge Macri, el jefe del Gobierno de Buenos Aires, tras haber removido a su ministro de Seguridad. La ciudad dependió de la Administración nacional hasta 1994, cuando fue declarada autónoma, y desde entonces se inició un proceso de transferencia de instituciones y potestades que no ha concluido. El sistema penitenciario y gran parte de los tribunales judiciales siguen bajo jurisdicción de la Nación, allí reside el origen del conflicto.
En respaldo a Jorge Macri se pronunció su primo, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019). “Los casi 27.000 policías que tiene la ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad [nacional] y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”, advirtió el exmandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La respuesta del Gobierno de Milei la pronunció su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria advirtió que “el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA [Ciudad Autónoma de Buenos Aires]. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo”.
Bullrich sostuvo que la capital incumplió su compromiso de financiar la construcción de una cárcel en la localidad bonaerense de Marcos Paz a cambio de quedarse con el predio que hoy ocupa la cárcel federal de Devoto, asentada en plena ciudad y cuyos internos serán transferidos a la nueva unidad penitenciaria. El gobierno porteño asegura que la cárcel de Marcos Paz estará concluida para fin de año.
El enfrentamiento tiene también una faz política: en los dos lados del mostrador se acodan dirigentes del PRO, el partido conservador fundado por Mauricio Macri que hoy está dividido entre quienes se aliaron con Milei —con Bullrich a la cabeza— y quienes son críticos del Gobierno ultraderechista.
La crisis penitenciaria en Buenos Aires es el resultado de un proceso que se viene desarrollando desde hace al menos un lustro, al compás del endurecimiento de las penas para delitos antes excarcelables. Los datos del Ministerio de Seguridad de la ciudad indican que hace cinco años había 60 personas detenidas en dependencias policiales del distrito y que hoy hay 2.455. En diciembre pasado, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) denunció a los jueces “responsables de haber permitido, por acción u omisión, que las comisarías se conviertan en centros de penas crueles e inhumanas”. La denuncia se basó en informes oficiales que describen que “miles de personas pasan semanas, meses y hasta años detenidas en calabozos precarios, quinchos, patios, oficinas, depósitos, subsuelos y guardias internas de comisarías o alcaidías, en condiciones vejatorias y degradantes”.
Fuente: EL PAÍS
