Con el objetivo despejar dudas sobre los contrataos, que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para la industrialización del carbonato de litio, Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energías, conversó con EL DEBER.
Ante la consulta sobre las características del contrato con la empresa china CBC, subsidiaria de CATL, actualmente el mayor productor mundial de baterías de litio, Gallardo explicó que el actual contrato con China es resultado de un proceso iniciado en 2021 con una convocatoria internacional en la que participaron 20 empresas. En 2024, se realizó una nueva convocatoria con 21 empresas, de las cuales se seleccionó a CBC.
“Este contrato sigue un modelo de servicios similar al utilizado en la industria petrolera, donde la empresa asume el riesgo y la inversión”, explicó y detalló que el mismo tiene varias etapas que cumplir para entrar en vigencia.
1.Estudo de factibilidad: Se realiza un análisis hidrogeológico, económico y financiero. “El estudio cuesta entre 40 y 60 millones de dólares y es asumido por la empresa CBC. Si el estudio determina que el proyecto no es viable, la empresa asume la pérdida”, aseguró Gallardo.
2.Diseño y construcción de plantas: Se construirán dos plantas: una de 10.000 toneladas de bicarbonato de litio y otra de 25.000 toneladas de carbonato de litio, en un plazo de dos años. El Estado puede rechazar el diseño y la construcción sin asumir costos.
3.Puesta en marcha y estabilización: Este proceso durará hasta tres años y se evaluará la producción y calidad del carbonato de litio. Si las plantas no cumplen con los estándares, el Estado puede rechazar la infraestructura sin asumir costos.
4.Operación y comercialización: La etapa operativa dura 30 años. Durante este tiempo, la empresa opera bajo supervisión de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con control a libro abierto de los costos de operación, señaló el ministro.
Ley de litio
Una de las observaciones que hacen distintos organizaciones sociales y analistas es que se quiera aprobar los contratos de industrialización sin una ley de litio, sin un previo marco legal, en donde se deje claramente cuales son las reglas de juego.
El diputado potosino de Comunidad Ciudadana, Guillermo Benavides, es uno de los que exige que se elabore una ley de litio, similar a la que se tiene para los hidrocarburos.
“Se necesita un marco legal, similar a la que hay para el gas y el petróleo. No es posible querer aprobar contratos comerciales cuando hay grandes lagunas legales y financieras. Lo que pide el Gobierno no se puede aprobar”, explico el legislador.
Al respecto, Gallardo indicó que sí existe una propuesta de ley del litio presentada por la Cámara de Senadores.
“Actualmente, esta ley se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en espera de ser revisada en una comisión. Se ha realizado socializaciones de la normativa, pero hasta ahora no ha sido aprobada”, indicó Gallardo.
A tiempo de remarcar que la falta de una ley de lito no afecta los contratos firmados, ya que estos se basan en la normativa vigente.
“Los contratos deben adecuarse a la Constitución Política del Estado, a tratados internacionales, a decretos supremos, resoluciones ministeriales y cualquier otra normativa jerárquicamente superior. En caso de que se apruebe una nueva ley de litio o una modificación en la legislación minera o tributaria, los contratos tendrán que ajustarse a los cambios normativos”, puntualizó la autoridad.
¿Solo China y Rusia?
Otra de las inquietudes es que solo se haga negocio con China y Rusia, a lo que Gallardo precisó que además de los contratos firmados, “tenemos 14 convenios en negociación con empresas de Francia, Alemania, Australia y Argentina para operar en otros salares como Coipasa. La estrategia del Gobierno es diversificar socios para desarrollar la industria del litio”.
Y subrayó que es una falacia que los dos contratos a ser tratados en la Asamblea comprometan los recursos de litio del país.
“En Uyuni tenemos reservas estimadas en 21 millones de toneladas de carbonato de litio, pero estos contratos solo utilizarán el 1,34% de ese total. Además, menos del 2% de la superficie del salar se usará para la industrialización, lo que minimiza el impacto en el turismo”, observó.
Sobre el rechazo y las observaciones de los contratos la autoridad indicó que se ha realizó una socialización de los contratos en las áreas de influencia y con sectores interesados.
“Sin embargo, algunos actores políticos han tomado el tema como bandera para desinformar y generar incertidumbre. Lo importante es que este es un proyecto estratégico de largo plazo que beneficiará al país más allá de cualquier coyuntura política”, concluyó.
Fuente: EL DEBER
